San Andrés, todo un reto para la soberanía nacional

Comenzaron las audiencias preliminares en la Corte Internacional de La Haya por la disputa del archipiélago con Nicaragua.

Aunque el tribunal internacional se declare competente, nuestro país tiene la tradición, los títulos históricos y los argumentos jurídicos para refrendar su soberanía.

Internacionalistas dicen que la isla se convirtió en el caballito de batalla que invocan los presidentes ‘nicas’ cuando le quieren bajar el tono a los problemas internos.

La diplomacia colombiana enfrenta el más importante reto para la soberanía nacional de las últimas décadas: la defensa del Archipiélago de San Andrés y Providencia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Holanda.

A partir de esta semana, y por lo menos durante los tres meses siguientes, el alto tribunal definirá si es competente para conocer de fondo el diferendo que Nicaragua planteó hace ya más de 20 años.

De ser así, el problema se extenderá, por lo menos, otros dos o tres años. En caso contrario —y a eso le apuntan los especialistas— el Estado colombiano no sólo habrá ganado una de sus más duras batallas jurídicas y diplomáticas sino que ratificará su talante de respeto por el derecho y los tratados internacionales.

El asunto no es de poca monta, pues detrás de la reclamación se esconde toda una diáspora de razones políticas, económicas y jurídicas, en la que Colombia resulta más incómoda que su par centroamericana.

“Cualquier cosa que gane Nicaragua la pierde Colombia. Por ejemplo, si corren la frontera un metro más allá del Meridiano 82, es un metro que pierde Colombia”, explica el internacionalista Ricardo Abello Galvis.

Por ello, dice el experto, el archipiélago se ha convertido para los últimos gobiernos ‘nicas’ en el principal caballito de batalla que invoca cada vez que pretende bajarle el tono a sus propios problemas internos.

De hecho, agrega el también internacionalista Enrique Serrano López, Managua “ha forzado” en las últimas semanas la tensión entre los dos países “previendo una decisión no favorable” porque para el gobierno nacionalista de Daniel Ortega “una victoria sobre Colombia sería algo muy valioso”.

Managua también tiene fuertes razones económicas para reclamar más de 50.000 kilómetros cuadrados de derecho sobre la plataforma continental y la zona económica exclusiva en el mar Caribe adyacente al archipiélago.

Nicaragua también tiene un pleito pendiente de resolver con Costa Rica, pues reclama su derecho a la navegabilidad por el río San Juan, que marca la frontera común.

Frente a Honduras, Nicaragua argumenta que la ratificación del Tratado Ramírez-López dejó sin piso su reclamación de otros 30.000 kilómetros cuadrados de mar territorial al establecerse también el Meridiano 82 con el paralelo 15, como frontera marítima. Parte de su estrategia, coinciden los analistas, se dio en los días previos a la Cumbre del Plan Puebla-Panamá de esta semana.

El presidente Ortega dijo que “Colombia se ha puesto a hacer política con gobernantes hondureños y costarricenses para hacer alianzas con ellos y tratar de despojarnos de territorio a los nicaragüenses”.

UNA HISTORIA VIEJA. Algunos historiadores consideran que las diferencias con Nicaragua vienen desde los mismos orígenes coloniales, cuando comenzó a hablarse de la posibilidad de construir un canal interoceánico a través de Panamá o de Nicaragua.

Para entonces, las costas colombianas se extendían hasta las playas de Nicaragua, Costa Rica y Guatemala. Mediante Orden Real de 1803 se segregó la isla de San Andrés y la costa de Mosquitos de la Capitanía General de Guatemala, a favor del Virreinato de Santa Fe.

En 1822, mediante decisión soberana del cabildo de San Andrés, las islas adhirieron a Colombia con la Constitución de Cúcuta en 1822, decisión ratificada en el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, que estableció el Meridiano 82 como la frontera entre ambos países, ratificado en 1930 por ambos congresos.

Pero en 1980, consolidada la victoria revolucionaria sandinista, el presidente Ortega —en su primer mandato— declaró nulo el tratado, bajo el argumento que se firmó cuando ese país “estaba presuntamente invadido por Estados Unidos” y que “no había otra posibilidad de tomar una decisión libre y soberana”.

Estos argumentos “no tienen ningún soporte”, explica el ex canciller Luis Fernando Jaramillo Correa.

Los gobiernos ‘nicas’ subsiguientes retomaron la iniciativa, aunque más por razones económicas que políticas o de soberanía, al decir de expertos colombianos.

Con poco más de cuatro millones de habitantes —el 70% por debajo de la línea de pobreza—, con uno de los PIB y un desempleo de los más bajos de toda Latinoamérica, y afrontando todavía los coletazos del conflicto interno, el país centroamericano busca salidas a su grave crisis económica.

Una de esas opciones se evidenció en mayo del 2003, cuando de forma inconsulta el Gobierno de Managua otorgó seis licencias de exploración de petróleo en el mar Caribe a cuatro empresas norteamericanas, hecho que generó la protesta oficial colombiana.

RAZONES JURÍDICAS. Nicaragua denunció ante la Corte Internacional de Justicia el Tratado Bárcenas-Esguerra el 6 de diciembre del 2001.

Un día antes Colombia presentó las “excepciones preliminares” en un documento de 300 páginas bajo tres argumentos principales.

Primero, que retiraba la declaración de 1938 por la cual aceptaba la jurisdicción de ese tribunal; segundo, que el tratado fijó los límites entre ambos países, respetados por ambos y que “desde mucho antes” de esa firma “ha ejercido plena soberanía en la zona”.

Y, tercero, que el Pacto de Bogotá de 1948 dice explícitamente en su artículo sexto que ese “mecanismo de solución amistosa de conflictos no opera para los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente pacto”.

Estos argumentos jurídicos, además de los títulos históricos, hacen pensar al ex canciller Jaramillo Correa en la intangibilidad de los tratados internacionales.

“No pueden ser modificados por una de las partes sino que tiene que tener el consenso de ambas. Y como el tratado sigue vigente, no puede modificarse ni por la Corte ni por nadie. En consecuencia, el tema no es del resorte de La Haya”.

Otros expertos, como el profesor Abello, consideran que la Corte sí podría declararse competente para conocer el fondo del asunto, aunque con una advertencia.

“En el fondo del asunto, Colombia tiene todos los argumentos jurídicos y los títulos históricos para ejercer el pleno derecho de su soberanía hasta el Meridiano 82”.

Tres datos claves

1. El Gobierno colombiano convocó para este 24 de abril a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, de la que forman parte, entre otros, los ex presidentes y tres senadores.

2. El equipo de defensa colombiano lo encabezan los ex cancilleres Guillermo Fernández de Soto, embajador en Holanda y agente especial ante La Haya, y Julio Londoño Paredes.

3. Colombia autorizó a la multinacional noruega Inseis para continuar labores de exploración petrolera en el Mar Caribe, sin afectar áreas en disputa con Nicaragua.

En sus propias palabras

“Una decisión favorable refrenda la posición institucional de Colombia y evapora la vocación independentista de algunos sanandresanos raizales”. Enrique Serrano López, analista internacional.

“Nicaragua ha pretendido desconocer, total o parcialmente, los tratados o laudos arbitrales que establecieron las fronteras con sus tres vecinos”. Cancillería colombiana, en un pronunciamiento oficial.

El proceso judicial

Si la corte internacional considera que la decisión es de su resorte, se inicia un proceso que podría tardar de dos a tres años en definirse.

Algunos especialistas se aventuran a decir que tanto Colombia como Nicaragua invertirían, cada uno, cerca de diez millones de dólares en gastos de representación en el proceso ante la Corte Penal Internacional de La Haya.

Además, que por lo menos pasarán tres meses antes de que ese tribunal defina su competencia frente al diferendo, es decir, para resolver las “excepciones preliminares” presentadas por nuestro país.

Si acepta las razones de Colombia, que niega la competencia del tribunal en virtud del Pacto de Bogotá de 1948, admitiría que el Tratado Esguerra-Bárcenas es de 1928, y los tratados no son retroactivos, por tanto no tendría competencia.

Si se declara competente, entraría a resolver el fondo del asunto. Las partes, en consecuencia, tendrán que presentar sus alegatos, pero como Nicaragua ya presentó toda la documentación, el turno le correspondería a Colombia.

Eso podría tardar entre año y medio o dos años.

Nicaragua ya fijó su posición. “Derecho que no se defiende, derecho que se pierde… cualquiera que sea el fallo de la Corte de La Haya (sobre el diferendo) no afectará las relaciones futuras entre los dos países”, sostuvo esta semana su vicepresidente, Jaime Morales Carazo.

Colombia, a su turno, ha dicho que “siempre ha desarrollado sus relaciones con los países limítrofes con estricto respeto a los principios y normas del Derecho Internacional y, principalmente, a la intangibilidad de los tratados, la piedra angular de las relaciones internacionales”.

Cortesía El País


Noticias relacionadas: