Situación jurídica de ex jefes paramilitares les impiden concurrir a comicios

Los ex jefes de la organización AUC reconocieron que los procesos judiciales con los que están vinculados les impiden por ahora concurrir a comicios.

"Mientras no se nos haya definido la situación jurídica, no estarán dadas las condiciones para participar en los escenarios electorales", dijeron los ex mandos de las AUC, quienes fueron autorizados por el gobierno para actuar como "portavoces políticos".

El lunes, el presidente Álvaro Uribe dijo que los jefes desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) pueden asumir ese papel para defender el proceso de paz que las partes abrieron en diciembre de 2002 y que terminó a mediados de 2006 con el desarme de unos 31.000 ultraderechistas.

Pero Uribe y el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, aclararon que estos ex mandos no pueden concurrir a elecciones, so pena de perder los beneficios que otorga la normativa aprobada para su desmovilización.

Las leyes electorales del país impiden la aspiración a cargos de elección popular de condenados por crímenes de lesa humanidad, que es el caso de muchos de estos antiguos mandos de las AUC, como Salvatore Mancuso, antiguo jefe máximo de la organización.

En un comunicado divulgado desde la cárcel de seguridad en la que están recluidos, la de Itagüí, localidad cercana a Medellín, los mismos desmovilizados elaboraron una carta que le enviaron a Uribe el pasado 14 de marzo y en la que le dijeron al gobernante que ya era hora de que ellos pudieran entrar en la actividad política.

"Nuestro deseo es avanzar en el proceso de paz", aseguraron en el nuevo mensaje público, y apuntaron que "planteamos la restitución de la condición de miembros representantes, como instrumento necesario para restablecer la interlocución política con todos los sectores de opinión interesados en la suerte del país".

La de "miembros representantes" es un papel previsto en la llamada "Ley de orden público", que faculta al gobierno para entablar diálogos con grupos armados ilegales, previo el reconocimiento de esa condición a los interlocutores de éstos.

En el comunicado, Mancuso y otra docena de ex jefes, ratificaron "los compromisos políticos, sociales y jurídicos que hemos asumido a partir de nuestra desmovilización y desarme".

Los desmovilizados enfatizaron que Colombia y la comunidad internacional "pueden estar seguros de que el camino recorrido en este proceso de paz es irreversible".

Los ex jefes paramilitares conforman un grupo de más de 2.500 desmovilizados, que aceptaron someterse a la "Ley de justicia y paz", que prevé penas de cinco a ocho años de prisión, susceptibles de rebajas, para responsables de delitos atroces.

Con información de EFE