Decreto 1174: ¿Piso de protección social o reforma laboral 'camuflada'?

El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, respondió a las críticas que se han suscitado en el país por cuenta del decreto 1174 de ‘piso de protección social’ aprobado por la Presidencia de la República hace algunos días.

Sectores de oposición y expertos en derecho laboral señalan que se trata de una ‘reforma laboral camuflada’ con la que se afectarían los derechos laborales de cientos de trabajadores formales; pensiones, incapacidades y otros beneficios se perderían, aseguran.

El piso de protección social, o decreto 1174, permitiría que aquellas personas que devenguen menos de un salario mínimo en actividades informales puedan empezar a realizar aportes a seguridad social mediante los BEPS (Beneficios Económicos Periódicos) y de esta manera ingresar a la formalidad laboral.

Con el decreto, los empleadores deberán aportar el 15% adicional a lo que gana el trabajador para que el 14% sea un aporte a ‘pensión’ y el 1% restante se destine a riesgos laborales.

El decreto permitiría, por ejemplo, que los trabajadores que ganan menos del salario mínimo empiecen a ahorrar para su vejez y que así, cuando pasen a la formalidad, los aportes se conviertan en semanas de cotización en el régimen de prima media para su pensión.

Hasta ahí todo pinta bien, sin embargo, según han señalado algunos opositores, se daría pie a que los empleadores de trabajadores formales, desmejoren las condiciones laborales de sus empleados para que estos pasen a esta modalidad y así ellos (empleadores) pasen de pagar el 35% de los aportes de seguridad social al 15% que propone el decreto 1174, reduciendo los beneficios laborales.

Ante esto, el ministro de Trabajo aseguró que con el decreto no se pretende desmejorar las condiciones laborales, sino proteger a cerca de 120 millones de personas que al día de hoy no cuentan con ningún tipo de protección para la vejez por cuenta de sus actividades informales.

La Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, según señala el decreto,  fiscalizará el proceso y verificará que no se presenten escenarios en los que los “empleadores que cuenten con trabajadores afiliados al sistema de seguridad social en el régimen contributivo, y que con el propósito de obtener provecho de la reducción de los aportes en materia de seguridad social de una vigencia a otra desmejoren las condiciones económicas a dichos trabajadores mediante la implementación de actos o negocios artificiosos o cualquier otra irregularidad en contra del Sistema General de Seguridad Social”.