Desfalcos a pensión superan los 1,2 billones de pesos: Vicefiscal de la Nación

El pasado martes 9 de abril, se dio una noticia económica de gran importancia, sobre todo para los pensionados del país.

En medio del ‘Seminario en Prevención e Investigación frente al Fraude Pensional y Seguridad Social’, la vicefiscal María Paulina Riveros informó que “el reconocimiento de pensiones a personas sin derecho o por montos superiores a su derecho, o por inversiones fallidas consumió las pocas reservas existentes”.

Según Riveros, al organismo judicial han llegado un poco más de 1300 denuncias relacionadas con fraudes al sistema de pensiones en Colombia, en lo que la vicefiscal definió como “grandes redes dedicadas a robarse el dinero de los colombianos”.

Igualmente, indicó que “Colpensiones no vio un solo peso del antiguo Instituto de los Seguros Sociales ¿Y cuál ha sido la consecuencia de eso? Que las pensiones que hoy se pagan, se pagan con cargo a los impuestos de todos los colombianos. Esos cargos al presupuesto se han vuelto insostenibles”.

En consecuencia, estos desfalcos han representado, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía, cerca de 1.2 billones de pesos como saldo negativo al país.

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¿Cómo impedir esto?

La representante de la Fiscalía avisó que en todos estos casos de corrupción participaban miembros de la Justicia colombiana como jueces y abogados.

“Muchas veces a esos abogados los vemos merodeando las oficinas de pensiones para buscar víctimas de sus falsas promesas, además, tengo que decir que en esto hay muchos funcionarios involucrados”, aseguró Riveros.

Asimismo, recordó a los ciudadanos “que para obtener información de Colpensiones o de los fondos privados no necesitan intermediarios que prometen pensiones a los que no tienen derecho, cuando en realidad lo que van a terminar es siendo investigados tanto administrativamente como penalmente”, manifestó.

En términos de corrupción general, Riveros informó que la cifra negativa que ha dejado esta problemática es igual, o incluso superior a los 4,7 billones de pesos, y que casi 3 mil personas están siendo judicializadas por esto.