Gobierno ordena reducir viáticos, uso de vehículos y contratos por prestación de servicios

Una directriz para fortalecer la racionalización, la probidad y la eficiencia del gasto público firmó el presidente Gustavo Petro en las últimas horas, la cual se rige en la función pública y está consagrada en el artículo 209 de la Constitución Política. 

El Departamento Administrativo de la presidencia y Ministerio de Hacienda realizarán un seguimiento oportuno al cumplimiento de las medidas que contempla esta directriz y, a su vez, evaluarán los efectos generados por las mismas. 

Con respecto a la optimización de recursos, los contratos de prestación de servicio y apoyo en la gestión solo podrán ser gestionados cuando estos sean estrictamente necesarios, es decir, solo se podrán llevar a cabo si existe o se evidencia que la cantidad de trabajo no puede ser efectuado por el personal o si se produce una necesidad de acceder a conocimientos especializados. 

“La necesidad de estos contratos deberá justificarse detalladamente, caso a caso, en los documentos precontractuales, entre otros, con las cifras de procesos, el número de proyectos, la gestión mensual, razones de la complejidad del servicio a contratar y el tiempo durante el cual se requerirá ese apoyo”, señala la directriz. 

Las entidades públicas no podrán justificar el acceso a estos contratos en caso de que las personas naturales que lo vayan a suscribir ya se encuentren prestando apoyo a otras instituciones el sector gubernamental. 

“Antes de contratar estudios y/o diseños, cada entidad verificará si cuenta con otros estudios con el mismo o similar objeto (esto se podrá determinar considerando el alcance y los entregables de los estudios)”, aclara el Gobierno. 

Además, las entidades no pueden celebrar contratos interadministrativos para pasar por alto los procedimientos de selección ya establecidos en el Estatuto de Contratación Pública. “No deberán celebrar convenios a través de los cuales se eluda la aplicación de estos instrumentos de transparencia contractual”, recalca el documento. 

Por otra parte, el Ejecutivo resaltó la obligatoriedad de conocer si los concursantes participaron en la elaboración de los estudios, diseños y estructuración del proyecto al cual realizará una interventoría, pues así se determinará si existe conflicto de intereses. 

La directriz también destaca la austeridad en gastos de funcionamiento e intervención, pues prohíbe la indemnización de vacaciones, comisiones y viáticos, vehículos, combustibles, publicidad y publicaciones, servicios públicos, esquema de seguridad, vigilancia, entre otros.

“Las entidades deberán planear, por lo menos trimestralmente, los viajes que sean necesarios para verificar el avance de las obras o los proyectos que se deban visitar, o los demás eventos que se deban atender por fuera de la ciudad donde tengan su sede, especificando las fechas de los viajes requeridos durante el correspondiente trimestre, con el objeto de optimizar el costo de los respectivos tiquetes”, señala el texto con respecto a los viáticos. 

Asimismo, los vehículos oficiales solo serán asignados a funcionarios de nivel directivo o, en algunos casos donde se justifique el uso de los mismos, a funcionarios del nivel asesor. En cuando a los combustibles, recuerda que las entidades deben contar con mecanismos de control de consumo en tiempo real. 

Finalmente, deberán implementar medidas medioambientales y de ahorro que contribuyan al cuidado de los ecosistemas como es el uso de grifos y bombillos ahorradores, temporizadores, paneles solares, entre otros. 

De igual manera, deberán actualizar los mecanismos de aires acondicionados y contra incendios por sistemas amigables con el medioambiente y que asistan en la eficiencia energética de las entidades del sector.