Por: Willmary Montilla|EFE • Colombia.com

Casa por cárcel a John Jairo Pulido, alcalde de La Palma

Las irregularidades fueron ubicadas en los suministros de consumo básico y aseo para la emergencia del COVID-19. 

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Al parecer la contratación tenía irregularidades en su adquisición. Foto: Twitter @URestitucion
Al parecer la contratación tenía irregularidades en su adquisición. Foto: Twitter @URestitucion

Las irregularidades fueron ubicadas en los suministros de consumo básico y aseo para la emergencia del COVID-19. 

Un juez impuso detención domiciliaria para John Jairo Pulido, alcalde del municipio de La Palma, cercano a Bogotá, a quien la Fiscalía acusa de corrupción en un contrato para el suministro de productos de consumo básico y de aseo para los más afectados por la emergencia de la COVID-19.

De igual manera, tendrá casa por cárcel el contratista José Raúl Cruz Quintero, como uno de los presuntos responsables de las "irregularidades detectadas en el contrato 073 del 30 de marzo 2020 para el suministro de productos de consumo básico y de aseo a la población vulnerable durante la pandemia".

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La Fiscalía acusa al alcalde y al contratista de los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado en la modalidad de tentativa y falsedad ideológica en documento público, agregó la información.

"De acuerdo con los hallazgos del ente acusador, el precio del contrato ascendió a 65 millones de pesos por los posibles sobrecostos facturados en los productos", detalló el organismo.

La Fiscalía constató que ninguno de los dos documentaron "el cómo, cuándo, dónde y a quiénes específicamente se entregaron los mercados, los kits de aseo y de seguridad personal que debían ser destinados a las familias afectadas por la emergencia sanitaria en el municipio de La Palma".

"Se presume que se habrían vulnerado los principios de transparencia y selección objetiva, toda vez que el diseño del contrato y su adjudicación no se ajustan a los requerimientos que exige la ley en estos casos", precisó el ente acusador.

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La representante de la Fiscalía que imputó los cargos al alcalde y al empresario señaló que al mandatario "le asistía un interés por adjudicarle a este empresario el contrato, como lo hizo saber públicamente varias veces en los medios de comunicación".