Nuevo modelo de salud para cárceles: estos son los cambios en la atención de los internos

Con la expedición de la resolución 1099 de 2026, el Ministerio de Salud anunció un cambio en la forma en que se presta la atención médica a las personas privadas de la libertad en las cárceles del país.

De acuerdo con la entidad, dicha resolución “adopta el nuevo Modelo de Atención en Salud para las Personas Privadas de la Libertad (PPL) bajo la custodia, inspección y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), derogando las resoluciones 5159 de 2015 y 3595 de 2016”.

Con esta decisión, el Gobierno busca que los internos tengan un mejor acceso a los servicios de salud, con atención más rápida y organizada dentro de los establecimientos penitenciarios.

“La actualización del modelo tiene como objetivo fortalecer la garantía del derecho fundamental a la salud de esta población mediante una atención integral, continua y de calidad, basada en la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS), la articulación institucional y el fortalecimiento de la capacidad resolutiva al interior de los establecimientos de reclusión”, detalló el Ministerio de Salud.

Uno de los principales cambios es que ahora se fortalecerá la atención médica dentro de las cárceles y también se usarán herramientas como la telemedicina, para que los médicos puedan atender consultas sin necesidad de traslados.

Atención más integral en las cárceles

El Ministerio explicó que la implementación será gradual, para evitar afectaciones en la atención que ya reciben los reclusos.

“El nuevo modelo incorpora enfoques diferenciales que responden a las características y necesidades específicas de las personas privadas de la libertad y de los menores de tres años que conviven con sus madres en los establecimientos de reclusión del orden nacional”, explicó el Ministerio.

Además, se busca mejorar la coordinación entre las entidades encargadas de la salud y los centros carcelarios, con el fin de reducir demoras y facilitar el acceso a tratamientos.

Según el Gobierno, este ajuste “constituye un avance significativo en la política pública de salud penitenciaria y carcelaria del país, al consolidar por primera vez desde 2015 un modelo estructurado, integral y diferencial que responde tanto a los mandatos legales vigentes como a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional”.

Para que el proceso sea organizado, el Ministerio de Salud aclaró que el modelo se pondrá en marcha de forma gradual, buscando solucionar fallas históricas como la falta de coordinación y las barreras para conseguir citas y tratamientos a tiempo.