Cerca de 600 estudiantes de La Mesa están en riesgo por posibles gases tóxicos

En el municipio de La Mesa, Cundinamarca, cerca de 600 niños, niñas y adolescentes de la Institución Educativa Departamental Sabio Mutis (IEDSM) podrían estar expuestos a gases tóxicos que, según la información recopilada, al parecer provendrían de una infraestructura de la empresa Vanti, ubicada justo frente al colegio.
 
Para verificar la situación, la Defensoría del Pueblo organizó dos mesas de trabajo con la comunidad educativa y las autoridades locales. Esta situación ha generado afectaciones en la salud, el bienestar y el desarrollo integral de los estudiantes, así como preocupaciones persistentes sobre las condiciones necesarias para ejercer plenamente el derecho a la educación en un entorno seguro.

Estudiantes y familias piden soluciones urgentes

Durante el primer encuentro, la Defensoría escuchó a los estudiantes, quienes explicaron las afectaciones físicas, emocionales y psicológicas que han enfrentado debido a esta situación. Por su parte, docentes, directivos y padres de familia manifestaron su preocupación por la continuidad del riesgo y la necesidad urgente de soluciones definitivas que garanticen un ambiente seguro para aprender y crecer.

En la segunda mesa de trabajo, la Defensoría dialogó con autoridades municipales y departamentales, representantes de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y del Hospital de La Mesa, con el objetivo de conocer los diagnósticos realizados y las medidas previstas para proteger los derechos fundamentales de la comunidad educativa.

El caso también está vinculado a una tutela interpuesta por la Defensoría, y ya se encuentra en la Corte Constitucional, que seleccionó el caso el pasado 31 de octubre y adelanta práctica de pruebas y recaudo.

Mientras se soluciona este chicharrón, los estudiantes están "apretados". Actualmente, la Institución Educativa funciona en su sede antigua, luego de haberse adaptado a un espacio reducido. Sin embargo, no todos los estudiantes pueden asistir a clases todos los días, ya que, debido al espacio limitado, se implementó un plan de rotación, lo que significa que cada día tres cursos no asisten presencialmente para evitar el hacinamiento. Esta situación ha dificultado que todos los niños puedan estudiar de manera regular y recibir una educación plena.

La Defensoría del Pueblo continuará acompañando a la comunidad educativa, recordando que proteger los derechos a la vida, la salud, la educación y un ambiente sano es un deber del Estado, sobre todo cuando se trata de niños y adolescentes.