Abecé de la ley de sometimiento a la justicia: estos son los puntos clave del proyecto

El proyecto de ley de sometimiento a la justicia contiene 54 artículos que establecen “mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”.

La iniciativa fue presentada ante el Consejo Superior de Política Criminal y busca el desarme y entrega de grupos armados como el Clan del Golfo o Los Pachenca a cambio de beneficios penales.

El articulado, contemplado como segunda reglamentación enmarcada en la Paz Total, precisa que no se tocarán las normas vigentes sobre la extradición, sino que se enfocarán en las medidas restaurativas y permisos a los condenados bajo la premisa de que estos sean avalados por un juez de acuerdo a su etapa de resocialización.

El proyecto también específica cinco criterios de grupos armados que deben acogerse a la ley de sometimiento cuando sea aprobada en el Congreso. Se trata de aquellas organizaciones criminales compuestas por un número alto de personas.

Asimismo, estas bandas se deben considerar criminales de alto impacto cuando se encuentren estructuradas de forma jerárquica y/o en red, estén dedicadas a la comisión continua y permanente de delitos y que cumplan funciones en una o en varias economías ilícita.

Una instancia de alto nivel, que está contemplada en el artículo 2 de la Ley 2272 de 2022, se encargará de caracterizar la estructura armada como criminal de alto impacto o no. En este apartado, hay dudas sobre si se incluirán las disidencias de las extintas Farc.

¿Cuáles serán los requisitos?

Los grupos armados que deseen acogerse a la ley de sometimiento deberán cumplir con una serie de requisitos planteados en el proyecto de ley. En primer lugar, tendrán que expresar la intención colectiva “de contribuir al cumplimiento efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

De igual manera, deberán manifestar la intención de desmantelar tanto la estructura criminal de alto impacto como sus redes de apoyo, suspender todo tipo de actividades ilegales y entregar las armas, las personas secuestradas y los menores de edad reclutados.

Dentro de los requisitos también está la entrega del inventario de bienes y activos vinculados o adquiridos para el desarrollo de las actividades ilegales del grupo, así como de la información precisa sobre las redes de apoyo de la estructura, incluyendo “colaboradores, determinadores y beneficiarios de las actividades ilícitas de la estructura y sus redes de apoyo”.

Durante las conversaciones entre el Gobierno y el grupo de alto impacto se pondrán establecer otras medidas que la banda delincuencial deberá cumplir. Por otro lado, el proyecto de ley estableció ocho obligaciones entre las que se encuentra la responsabilidad penal en la comisión de delitos.

Asimismo, los grupos armados deberán aportar verdad a las víctimas y reparación material y simbólica, así como información determinante a la Fiscalía General de la Nación y otro tipo de datos que permitan la búsqueda y el hallazgo de personas desaparecidas; y participar en los programas de justicia restaurativa que disponga el poder judicial.

Puede consultar el documento completo en este enlace.