Armas perdidas en Bogotá: escándalo por 393 desaparecidas en empresas de seguridad

La desaparición de 393 armas de fuego en Bogotá encendió las alarmas de las autoridades y abrió un nuevo frente de preocupación sobre el control del armamento en manos de empresas privadas. El caso llevó a la suspensión inmediata de las licencias de operación de tres compañías de seguridad, tras evidenciarse graves fallas en la custodia de estos elementos.

La decisión fue tomada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada luego de una inspección que permitió confirmar el faltante de armas que estaban bajo responsabilidad de las firmas Águila de Oro, Laucris Security y Helam. Estas empresas, según las autoridades, mantenían un acuerdo irregular que les permitía compartir un mismo coordinador de activos, una práctica que no está permitida dentro de la normativa del sector.

El funcionario señalado en el centro del caso es Elkin David Polanco Pérez, quien tenía a su cargo la administración, control y mantenimiento del armamento. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hombre salió de vacaciones a finales de diciembre de 2025 y no regresó a sus labores, lo que generó sospechas internas. Sin embargo, fue solo tras una verificación oficial realizada semanas después que se dimensionó la magnitud del problema.

El reporte consolidado indica que 275 armas pertenecían a Águila de Oro, 104 a Helam y 14 a Laucris Security. Hasta el momento, no existe claridad sobre el paradero de este arsenal, lo que ha incrementado el temor de que pueda haber terminado en circuitos ilegales o en manos de estructuras criminales.

Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación penal para establecer responsabilidades individuales y determinar si existió algún tipo de red detrás de la desaparición. Paralelamente, la Superintendencia inició un proceso administrativo que podría extenderse hasta tres años, periodo en el que se evaluarán posibles sanciones contra las empresas involucradas.

El superintendente Larry Álvarez aseguró que se actuará con rigor frente a cualquier irregularidad que comprometa la seguridad pública, aunque garantizando el debido proceso. Además, señaló que este tipo de situaciones obliga a reforzar los controles sobre el manejo de armas en el sector privado.

El caso también reavivó el debate nacional sobre la supervisión estatal de estas compañías. Aunque las autoridades sostienen que la mayoría del armamento registrado se encuentra bajo control, episodios como este evidencian debilidades en los sistemas de verificación y seguimiento.

Mientras avanzan las investigaciones, el país permanece atento al destino de las armas desaparecidas, en un contexto donde cada falla en la cadena de custodia representa un riesgo directo para la seguridad ciudadana.