Revelan avances y retos del proceso entre Gobierno y EGC en zonas priorizadas

El proceso de acercamientos entre el Gobierno nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) dio a conocer su primer balance oficial. Se trata de un informe que revisa los avances iniciales en la fase de alistamiento institucional de este espacio de diálogo, enfocado en una posible desmovilización y en la construcción de paz en las regiones más golpeadas por el conflicto.

El foco de este primer reporte, que va desde el 18 de diciembre de 2025 al 18 de febrero de 2026, está puesto en cinco municipios piloto: Acandí, Unguía, Riosucio y Nuevo Belén de Bajirá (en el Chocó), y Mutatá (en Antioquia).

Uno de los principales resultados es la puesta en marcha de la estructura que permitirá hacer seguimiento a los compromisos. Durante estos primeros meses se definieron reglas de funcionamiento, herramientas de trabajo y equipos en territorio.

En estas zonas también comenzaron a operar grupos locales de trabajo con participación de delegados del Gobierno y del grupo armado, con el objetivo de coordinar acciones y avanzar en los acuerdos planteados.

Avances en territorio y retos del proceso

En materia de niñez, el informe señala que, según datos entregados por el propio EGC, no se identificaron menores de edad dentro de sus filas tras un ejercicio interno de verificación. Al mismo tiempo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) mantiene programas en estos territorios para fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes.

Otro de los frentes evaluados es el de sustitución de cultivos ilícitos. Allí se evidencian avances desiguales, siendo Nuevo Belén de Bajirá el municipio con mayor progreso en este tema. Sin embargo, persisten retos como la falta de confianza de las comunidades, la necesidad de mejorar la coordinación institucional y las condiciones de seguridad.

El informe también advierte oportunidades para mejorar el acceso a la justicia en estas regiones, mediante el fortalecimiento de espacios como las Casas de Justicia y una mayor presencia del Estado en temas de convivencia y seguridad.

En cuanto a la acción contra minas antipersonal, no se reportaron incidentes atribuibles al EGC durante el periodo evaluado, lo que se interpreta como cumplimiento de los compromisos asumidos por el grupo armado en este punto.

Adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación designó un fiscal especializado para hacer seguimiento a posibles violaciones al Derecho Internacional Humanitario en el marco de este proceso.

De cara a lo que viene, el mecanismo señala varios desafíos: aumentar la participación de las comunidades, fortalecer la presencia institucional en los territorios y mejorar la articulación entre entidades del orden nacional y local.