Tragedia que dejó 51 reclusos muertos en Tuluá es investigada por la Procuraduría General

La madrugada de este martes 28 de junio fue trágica para los reclusos de la cárcel de Tulúa, en el Valle del Cauca. Una riña entre dos de los internos habría ocasionado un motín al interior del centro carcelario, el cual desencadenó un incendio que acabó con la vida de 51 personas y dejó a otras 24 heridas, las cuales se encuentran internadas en diferentes hospitales.

Tras los angustiantes momentos del fatal hecho, la Procuraduría General de la Nación anunció que se iniciaría una oportuna investigación para determinar la responsabilidad del centro penitenciario en la tragedia que apagó tantas vidas.

Javier Augusto Sarmiento, el procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos, arribó desde Bogotá hasta Tuluá este martes para dar inicio a las respectivas investigaciones. En la tarde de ayer y la mañana de este miércoles se han recolectado testimonios y se han hecho averiguaciones, por lo que hace algunas horas se conoció el primer reporte de la Procuraduría.

“Ayer tomamos algunos testimonios y hoy continuaremos con el director (del penal), el Comandante del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, y con algunos internos, con el fin de establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar de este lamentable hecho”, indicó el procurador Sarmiento.

Asimismo, el delegado de Derechos Humanos informó que recolectaron videos de las cámaras de seguridad y documentos administrativos que señalan los guardias en turno. Con ello se pretende esclarecer si dentro del penal contaban con planes de contingencia para atender este tipo de emergencias.

Al respecto, el general Tito Yesid Castellanos, director del INPEC, reveló que el pabellón 8, lugar donde ocurrió la tragedia, no tenía un sistema contra incendios, por lo que la emergencia tuvo que ser atendida con extintores portátiles, de forma manual.

Otro punto que quiere establecer la investigación es si los encargados de la custodia tenían capacitación para prestar asistencia en emergencias, ya que se requiere una organización técnica que implica ciertas brigadas.

Por su parte, el delegado de la Procuraduría enfatizó en que es muy pronto para hacer afirmaciones puntuales. “Nuestra labor es determinar si por acción, omisión o extralimitación algún funcionario público, en este caso del INPEC, pudo haber incurrido en una falta disciplinaria”, aseguró Sarmiento.

Cabe resaltar que el general Tito Castellanos dio a conocer en la mañana de este miércoles que los cuerpos de los reclusos ya se encuentran en Medicina Legal, por lo que le corresponde a esa entidad entregar el dictamen oficial. Sin embargo, el director del INPEC adelantó que la muerte de los 51 presos “posiblemente fue a causa de asfixia y del fuego”.