UNGRD: del Congreso al búnker, escándalo sacude las curules de congresistas reelectos

El escándalo por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sumó un nuevo episodio judicial tras el traslado de la representante Karen Manrique al búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. La congresista llegó a la capital luego de haberse presentado voluntariamente ante las autoridades en el municipio de Tame, Arauca.

Su traslado se realizó en un avión de la Policía Antinarcóticos. Una vez en Bogotá, fue conducida inicialmente a instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, donde se adelantaron los procedimientos correspondientes antes de ser llevada al búnker de la Fiscalía, lugar donde continuará el proceso judicial que enfrenta.

Manrique es una de las dos congresistas cobijadas con medida de aseguramiento en centro carcelario por decisión de la Corte Suprema de Justicia, que investiga presuntas irregularidades relacionadas con contratos y decisiones financieras dentro del caso UNGRD. El otro legislador en la misma situación es Wadith Manzur.

Según las investigaciones, varios integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito que interesaban a esa cartera. Estas decisiones habrían estado relacionadas con proyectos que involucraban recursos millonarios destinados a obras en diferentes regiones del país.

Además de Manzur y Manrique, en el proceso también fueron vinculados Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. Sin embargo, estos últimos continuarán en libertad mientras avanzan las diligencias judiciales.

El caso genera especial atención porque los dos congresistas enviados al búnker fueron reelegidos en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo. Manzur obtuvo una curul en el Senado con más de 130.000 votos bajo el aval del Partido Conservador, mientras que Manrique logró nuevamente la representación de la curul especial de paz en Arauca.

Este escenario ha abierto una discusión jurídica sobre lo que podría ocurrir con las curules obtenidas y los votos registrados en las urnas. Algunos especialistas consideran que podría aplicarse la figura de la “silla vacía”, que impediría reemplazar a los legisladores si se confirma que los hechos investigados corresponden a delitos contra la administración pública.

No obstante, también existe debate sobre si esta sanción puede aplicarse cuando los congresistas aún no han asumido formalmente el nuevo periodo legislativo.

Mientras la investigación avanza, el caso continúa generando repercusiones políticas y mantiene bajo la lupa a varios sectores del Congreso, en medio de uno de los escándalos recientes que vuelve a poner en discusión la transparencia en el manejo de recursos públicos.