Extorsiones y “justicia” paralela sacuden El Rodadero y preocupan al sector turístico

Lo que inició como un incidente menor en el sector de El Rodadero, uno de los lugares turísticos más visitados de la ciudad de Santa Marta, acabó revelando una problemática que, según denuncias, impacta desde hace muchos años a comerciantes y trabajadores del sector. El altercado entre un joven y un vehículo eléctrico alquilado provocó una exigencia de pago inmediato que prendió alarmas sobre presuntos cobros ilegales en la zona.

El líder ambiental Luis Miguel Moisés relató que, tras la problemática, varios hombres llegaron en motocicleta y solicitaron 1,5 millones de pesos por los daños. Según su versión, la tensión fue tanta que el dinero tuvo que entregarse de inmediato. Días después, afirmó haber tomado la elección de sacar a su familia de la ciudad por temor a posibles represalias.

A partir de este caso, iniciaron a circular declaraciones de comerciantes que detallan una dinámica muy parecida en sectores como El Rodadero y Taganga. De acuerdo con estas confesiones, el pago de cobros informales sería una condición para trabajar sin tener problemas. Quienes aceptan afirman recibir “seguridad” o mediación en futuros conflictos; quienes se niegan, declaran enfrentar presiones.

Aunque las autoridades no han señalado responsables directos, organizaciones sociales han alertado sobre la presunta presencia de estructuras armadas ilegales que mantenían dominio en áreas estratégicas de la ciudad como El Rodadero. En años anteriores, videos que mostraban represalias públicas a personas acusadas de hurto generaron polémica nacional: mientras algunos sectores celebraban una aparente disminución de robos, defensores de derechos humanos criticaron los métodos utilizados.

La situación angustia en una ciudad cuya economía se sostiene en gran parte del turismo. Comerciantes consultados de manera anónima sostienen que los cobros afectan a actividades como el alquiler de sillas, la venta de alimentos y el transporte marítimo. Para el emprendimiento, asumir costos adicionales puede significar la diferencia entre continuar operando o quebrar.

Frente a esta problemática, la administración distrital citó un consejo de seguridad y anunció medidas para reforzar la lucha contra la extorsión. Entre ellas, el respaldo de operativos y el trabajo en conjunto con unidades especializadas.

Mientras Santa Marta continúa registrando alta cantidad de turistas, la problemática sobre el control y la seguridad en los lugares turísticos permanece sobre la mesa. El incidente que parecía aislado terminó mostrando una discusión más amplia sobre autoridad, legalidad y garantías para quienes viven del turismo.