Contraloría declaró como ‘impacto nacional’ contratos firmados por Centros Poblados

Durante diciembre del 2020, momento en el que se adjudicaba la licitación para el proyecto que pretendía llevar Internet a los colegios públicos de todo el territorio nacional, muchos dudaron de la ejecución y de cómo se estaba llevando a cabo el asunto.

Las sospechas no resultaron falsas, pues un juez de Zipaquirá falló una acción de tutela que hizo que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC, suspendiera uno de los procesos que ya se encontraba en marcha, debido al escándalos por unas supuestas garantías falsas dentro de un contrato que adjudicó en diciembre del año pasado por un costo de $1.07 billones de pesos.

El banco al enterarse del escenario decidió pronunciarse y notificarle al MinTIC que de su parte no había sido expedido ningún documento de garantía y pidió que se iniciara un proceso penal. Desde entonces han salido a la luz los presuntos implicados y cómo cada uno de ellos intervino en el proyecto para lograr obtener los 70.000 millones de pesos que fueron desembolsados desde el MinTIC como un anticipo para iniciar la obra.

Esta sería la gota que derramó el vaso para iniciar una investigación de la UT Centros Poblados, por lo que en las últimas horas la Contraloría declaró como ‘impacto nacional’ todos los contratos firmados por la empresa desde el año 2014 hasta el 2021.

“Con base en el inciso segundo del artículo 128 de la Ley 1474 de 2011, se adoptó la decisión de declarar de ‘impacto nacional’ los hechos relacionados con la planeación, ejecución, así como la supervisión e interventoría de los contratos en los cuales, en calidad de contratistas, se encuentran directamente o a través de consorcios y uniones temporales estas empresas que son miembro de la UT Centros Poblados”, aclaró la Contraloría.

Esto quiere decir que esta entidad tendrá facultades especiales para revisar todos los contratos firmados durante este tiempo, los cuales serían 243 documentos que sumarían una cifra de más de 1,1 billones de pesos.