Por: Willmary Montilla • Colombia.com

Son 8 los gobernadores del país, que están bajo 'la mira' de la Contraloría

El contralor general, Carlos Felipe Córdoba aseguró que se abrió un proceso fiscal contra el gobernador de Arauca. 

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El contralor general, Carlos Felipe Córdoba aseguró que se abrió un proceso fiscal contra el gobernador de Arauca. 

"Hay que parar esta cosecha de la corrupción", aseveraron los voceros de los entes de control que hacen 'frente unificado' para velar porque los recursos para los más necesitados de la pandemia tengan el apoyo a tiempo. 

Según detalla Semana, ya son 8 gobernadores a los que se le abre procedimientos fiscales ante los entes de control como la Fiscalía, Procuraduría y la Contraloría. 

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El contralor general, Carlos Felipe Córdoba informó que se abrió proceso de responsabilidad fiscal por $1.050 millones contra el gobernador de Arauca, por contratos de alimentación. 

Al mismo tiempo aseguró que se abrieron 27 indagaciones preliminares en otros casos de las gobernaciones del Valle, Cauca, Cesar, Tolima, Casanare, Vichada y Guaviare. 

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También informó que el Ministerio de Defensa y Armada será investigado por la compra de tapabocas que tenían un presunto sobrecosto de 1.269 millones de pesos. 

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Por su parte, la Procuraduría indaga más de 5.500 contratos que ascienden a un billón de pesos, lo que significa el 18% del orden nacional y 82% del orden territorial.

Todos los procesos, se abrieron por la misma tónica, la irregularidad en la contratación y sobrecostos en la adquisición de mercados. Carrillo habló de 40 casos en materia de irregularidades en contratación; 28, en casos de adquisición de mercados; 6 en la adquisición de elementos de protección, 9 de transgresión de aislamiento obligatorio. 

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Tambien refirió la "suspensión del cargo" al alcalde de Calarcá, en el Quindío, Luis Alberto Balsero "por presuntas irregularidades en la contratación de suministro por más casi 400 millones de pesos". 

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En estas mismas circunstancias está el gobernador del Chocó, Ariel Palacios, por haber fimado un contrato el pasado 15 de abril por 2 mil millones de pesos, para capacitaciones del Covid-19, que no se podrían ejecutar por la cuarentena.