Corte Constitucional recuerda al Gobierno permitir trabajo en las cárceles a los presos

El debate sobre la resocialización de los internos en las cárceles colombianas solo se queda en palabras, proyectos y buenas intenciones porque la realidad es crítica, pues el hacinamiento y las difíciles condiciones que deben padecer la mayoría de presos requiere intervención inmediata.

Solo los presos de ´élite´ pueden llevar una vida privilegiada tras las rejas aprovechando los problemas de corrupción al interior del Inpec que permiten pagar por tener una condena de ´lujo´, pero en la gran mayoría de las cárceles del país reina el hacinamiento, el hambre y las condiciones más duras que se puedan imaginar.

Muchos de los condenados en Colombia son el bastión económico de sus familias y por eso intentan trabajar desde las penitenciarias en los escasos programas de oficios al interior de ellas, sin embargo, los programas de trabajo en prisión son escasos y las iniciativas de los reos no han sido permitidas y oficializadas.

Respuesta a una tutela

La Corte Constitucional recordó a las autoridades del Inpec y del Gobierno Nacional que deben garantizar los procesos de resocialización de los presos en Colombia a través del acceso al trabajo, esto como respuesta a una acción de tutela interpuesta por un recluso de la cárcel El Barne en Cómbita, Boyacá.

Jeiner Gutiérrez lleva dos años solicitando que se le permita ejercer su trabajo de bisutería desde la cárcel debido a que poses los conocimientos, la experiencia y además debe ayudar a su familia que se encuentra padeciendo dificultades económicas.

Las peticiones de Gutiérrez habían sido rechazadas por un juzgado de Familia en la ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá, pero llegaron hasta las manos de un magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, quien tomó el caso, lo estudió y dio un fallo al respecto consistente en que al recluso se le debe permitir trabajar en su tiempo en la cárcel como actividad económica que le permita entregar sustento a su familia.

El alto tribunal informó que el Ministerio de Justicia y el Inpec no han expedido regulaciones para garantizar puestos de trabajo en las cárceles colombianas, lo cual es una exigencia que se les hace para garantizar plenamente el derecho que tienen los reclusos para su resocialización, porque actualmente las cárceles no son más que posgrados del delito.

Esta determinación de la Corte Constitucional abre una puerta para la esperanza de muchos reclusos de tener una vida digna dentro de los penales colombianos y también para poder contribuir económicamente con sus familias, muchas de las cuales se encuentran a la deriva con alguno de sus miembros en prisión.