Aumento de la población indígena no es cuestión de ‘malicia’

El autorreconocimiento como indígena, que es el proceso que realiza una persona de forma individual o como parte de un colectivo en el que se reconoce cultural y ancestralmente como parte de una comunidad étnica, fue vital a la hora de hacer un reconteo de esta población en Colombia.

El censo de 2018 mostró un aumento notable de indígenas en el país: mientras que en 2005 eran 1.392.623, ahora son 1.905.617, lo cual implica un aumento del 36,8 % de su población.

En estos resultados influyeron varios factores. De 2005 a 2018 hubo cambios en la forma de aproximación al conteo y las características de los grupos étnicos: para empezar, el cambio en el protocolo realizado a partir de 2015, producto de una mesa de concertación y consultas con las organizaciones indígenas, que aprobó preguntas para el censo relacionadas con autoidentificación, territorio, lenguas y autoridad indígena espiritual.

También el compromiso de llegar a nuevos territorios a partir de actualizaciones cartográficas y acompañamiento de indígenas en calidad de censores y supervisores.

Aunque numéricamente es menos significativo, la tasa de crecimiento de la población indígena es mayor que la de la población colombiana. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) la razón niño-mujer de la población indígena es de 42,1, mientras que la de la población en general es de 24,8. Sin embargo, es importante anotar que en ambos casos esta relación ha disminuido, ya que en 2005 estas correlaciones eran de 62,2 para la primera y de 36,0 para la segunda.

Lo que muestran las cifras es que actualmente el 4,4 % de los habitantes del país forma parte de la población indígena, de los cuales 954.714 son mujeres (50,1 %) y 950.902 son hombres (49,9 %), según precisó el DANE.

De estas cifras, resalta el crecimiento en la tasa de reconocimiento en departamentos donde en la actualidad se concentran tanto acciones de organizaciones indígenas fuertemente cohesionadas y con agendas políticas de impacto regional (Cauca, Nariño) como de aquellos territorios donde hoy tienen un peso importante procesos de consulta previa relacionados con proyectos extractivos (La Guajira, Córdoba, Chocó).

Fuente: DANE - Diseño: Ricardo González - UNIMEDIOS

A pesar de que los porcentajes entre la composición /campo-ciudad no cambian, también cabría resaltar el aumento de población indígena en grandes ciudades como Bogotá, Cali o Medellín, donde desde tiempos anteriores se viene dando un debate por la presencia y el reconocimiento de resguardos o territorialidades urbanas, especialmente de aquellas que son producto del desplazamiento.

Lo que muestra el actual empadronamiento es precisamente ese alto impacto en el autorreconocimiento de comunidades que, o bien están en procesos de organización y reivindicación, o bien logran mayor visibilización por el impacto de su desarraigo en zonas urbanas, aunque por ahora se haya trabajado poco institucionalmente en torno a las rutas y trayectorias de movilización.

Fuera de esta condición está la comunidad del grupo étnico Embera, quienes en su desplazamiento forzado no solo han mantenido altos niveles de cohesión en territorios urbanos, sino que además han concertado políticas de retorno con autoridades locales en ciudades como Bogotá y Medellín.

Además resalta la emergencia de datos más consolidados en regiones ubicadas fuera de las tradicionales zonas de frontera agrícola, como Guainía, Vaupés Vichada y Amazonas, en donde el esfuerzo concertado de empadronamiento ofrece ahora un panorama más real de la ubicación y las características de la población aborigen, incluso de aquella que se mantiene en aislamiento voluntario.

Por último, cuenta el tránsito de comunidades campesinas a indígenas, en un proceso que se ha denominado como de reindigenización, y que se relaciona directamente con la posibilidad de articular más eficazmente luchas por el reconocimiento de derechos desde esta condición.

El Estado tendrá ahora una base más adecuada para proyectar y ajustar sus políticas en materia de consolidación y desarrollo de los derechos étnicos hacia comunidades indígenas, teniendo en cuenta los 115 pueblos indígenas actualmente reconocidos, 22 más de los 93 que se reportaban para el censo de 2005, pues el censo no solo brinda un panorama numérico de la población, sino igualmente uno sobre sus condiciones generales de vivienda, salud, educación, servicios públicos y conectividad, entre otros.

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Derechos igualitarios o acciones afirmativas

Para algunos, este aumento de la población solo se explica por nuestra cultura del atajo, que en este caso tiene incluso nombre propio: la “malicia indígena”. En otras palabras, lo que posibilita el autorreconocimiento es simplemente un tránsito de conveniencia de personas que esperan obtener mayores beneficios declarándose en el censo como indígenas y no como mestizos.

La población indígena censada a 2018 es de 1.905.617. Crédito: UNIMEDIOS

La realidad de los derechos especiales en función de la pertenencia étnica solo representa una respuesta tardía frente a siglos de desigualdades y marginalidad de los pueblos y las comunidades indígenas, Rom (gitano) o afrodescendientes.

Por ejemplo, mientras la educación en español ha garantizado no solo la permanencia de una cultura mestiza mayoritaria sino su actualización a los desafíos contemporáneos, no podría decirse lo mismo del porcentaje de indígenas que hablan la lengua nativa de su pueblo, y que el censo ubica en el 50,8 % de la población censada.

Derechos como los de la consulta previa están orientados a proteger territorialidades colectivas y no se pueden expresar en acciones individuales, aisladas de las autoridades que las representan. Incluso aparentes beneficios individuales como la exención del servicio militar en el caso de miembros de comunidades indígenas que así lo planteen, y que en realidad representa una garantía para la mantener la identidad y cosmogonía ancestrales.

Estos solo se activan si la persona está previamente censada en los registros que las comunidades envían al Ministerio del Interior y cuenta con el aval de la autoridad propia respectiva (solo en casos excepcionales, por motivo de conflicto armado o fuerza mayor, el Ministerio da la certificación directamente).

De hecho, la mayoría de las acciones afirmativas, que son las medidas que buscan restituir la igualdad frente a evidentes inequidades como las que promueven mayor acceso a la educación de miembros de comunidades étnicas, siempre están articuladas a fórmulas de comprobación adicionales, precisamente para evitar aprovechamientos indebidos como certificaciones de autoridades tradicionales, matrículas comprobadas en instituciones educativas locales con marcada presencia de ellas, entre otras.

En ese sentido, el autorreconocimiento es solo un paso intermedio en el camino para afirmarse en las ciudadanías interculturales, y que muchas veces se complementa con demandas más articuladas de nuevos reconocimientos territoriales o culturales, como en los ya expresados procesos de reindigenización o de integración de asentamientos indígenas en grandes ciudades. 

Durante el último cuatrienio del gobierno Santos, el Ministerio del Interior venía estudiando 355 peticiones nacionales en ese sentido, que incluyen un concepto etnológico. Se había propuesto realizar al menos 15 por año, y al final se muestra como un logro el registro de 32 nuevas comunidades (que no necesariamente corresponden al reconocimiento de nuevos pueblos indígenas). Aunque la cifra es importante, da cuenta del rezago estatal frente a la presión por nuevos reconocimientos.

Entonces, quienes afirman que Colombia es un país diverso y pluricultural, y que esa es una de sus grandes ventajas y oportunidades en el concierto mundial, deberían igualmente alegrarse por el hecho de que cada vez su población sea consciente de su pertenencia étnica, exija para ella un respeto igualitario y combata las discriminaciones de corte racista que han afectado gravemente el potencial de estas comunidades, incluso para sobrevivir en condiciones mínimas de dignidad humana. De lo contrario, dichas declaraciones constituyen solo retórica vacía dirigida a obtener efímeros intereses políticos.

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