David Racero podría perder su curul por presunta exigencia de dinero a miembros de su UTL

David Racero, uno de los más entusiastas miembros del partido de gobierno en los órganos legislativos podría quedarse sin puesto en la Cámara de Representantes debido a las investigaciones en su contra, puesto que se indaga si el legislador exigió a integrantes de su UTL, Unidad de Trabajo Legislativo, que pagaran cuentas y gastos personales del representante como pagos de cuotas de tarjetas de crédito, compra de mercado y transferencias a algunos de sus familiares, acciones enmarcadas dentro de lo que se conoce como concusión.

Acusación de concusión

El delito de concusión es considerado por la ley como el constreñimiento para realizar pagos y en el caso del representante a la Cámara, David Racero, tiene que ver con la presunta exigencia que este hacía a sus trabajadores para el pago de sus propias cuentas y las de su familia, un asunto que ha sido negado abiertamente por el legislador y ha dicho que este asunto es un cruce de préstamos entre él y sus asesores, pero la trazabilidad financiera realizada por los investigadores no concuerda con lo dicho por Racero.

La concusión es tipificada por el Código Penal Colombiano en su artículo 404 como un constreñimiento, es decir, obligar o forzar a realizar una acción.

“El funcionario público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer dar al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses”, indica el Código Penal.

¿Miembro de la UTL trabajando en un negocio de Racero?

La cuestión se complica para el representante David Racero debido a que investigaciones muestran que John Leonardo García Lara, funcionario de su Unidad de Trabajo Legislativo UTL, figura como trabajador de un negocio particular que el representante tiene en el barrio Villa luz al occidente de Bogotá, y, aunque García negó esto, su nombre aparece en documentos de arrendamiento de local y en mensajes de WhatsApp en los que el representan a la Cámara le pide continuar con sus labores en el establecimiento a cambio de no expulsarlo de su UTL.

El Consejo de Estado definirá si David Racero mantiene su curul y además se realizan las diferentes investigaciones contra los testigos que, de comprobarse si mintieron bajo juramento, podrían enfrentar penas de cárcel.