Defensoría del Pueblo alertó por aumento de homicidios y violencia en Buenaventura
La Defensoría alertó por 23 homicidios en Buenaventura entre febrero y marzo de 2026, en medio de disputas armadas y control territorial.
La Defensoría alertó por 23 homicidios en Buenaventura entre febrero y marzo de 2026, en medio de disputas armadas y control territorial.
La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por el incremento de la violencia en Buenaventura, donde entre febrero y marzo de 2026 se registraron al menos 23 homicidios, en su mayoría de jóvenes entre 17 y 30 años.
Según la entidad, estos hechos están relacionados con disputas entre grupos armados organizados que buscan ampliar su control territorial, lo que ha generado vulneraciones a los derechos humanos.
La entidad también advierte que estas confrontaciones se han intensificado en sectores como San Francisco, San Luis, Juan XXIII y zonas de la comuna 12 y explicó que “de acuerdo con la información recolectada, el aumento de los homicidios y otras situaciones de violación a los derechos humanos responden a procesos de reconfiguración interna de estos grupos, asociados, entre otros factores, a la captura de integrantes, lo cual ha generado disputas por el control territorial y ajustes internos”.
Fronteras invisibles y restricciones a la población
Uno de los factores más preocupantes es la consolidación de “fronteras invisibles”, que limitan la movilidad de los habitantes y generan confinamientos de facto en varios sectores.
La Defensoría señaló que los jóvenes son una de las poblaciones más afectadas, ya que enfrentan riesgos de reclutamiento, instrumentalización o señalamiento por parte de los grupos armados.
“Se ha documentado al menos un caso de reclutamiento de una menor de edad y la aprehensión de otro presuntamente vinculado a estructuras armadas, así como tres casos de personas desaparecidas, fenómeno que opera de manera paralela al homicidio”, explicó la entidad.
A esto se suman otras problemáticas como extorsiones a comerciantes y transportadores, secuestros y enfrentamientos armados en zonas residenciales, que han puesto en riesgo a la población civil y afectado la vida cotidiana.
También se han identificado impactos en entornos escolares, lo que agrava la situación de vulnerabilidad en niños, niñas y adolescentes.
Llamado urgente al Estado
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo advirtió que la respuesta del Estado ha sido insuficiente para mitigar estas dinámicas de violencia y proteger a la población.
Por eso, hizo un llamado al Gobierno nacional, departamental y local para implementar acciones integrales en materia de seguridad, justicia y atención social, priorizando las zonas más afectadas y a las poblaciones en mayor riesgo.
Finalmente, pidió a estas organizaciones respetar la vida y la integridad de las comunidades, y cumplir los acuerdos encaminados a la construcción de paz y su eventual desmovilización.