Corrupción en la Unidad para las Víctimas: así habrían desviado recursos destinados a afectados por el conflicto

Una serie de denuncias publicadas por Semana en la madrugada de este sábado 20 de septiembre pone bajo la lupa a la Unidad para las Víctimas, por supuestos manejos irregulares, agendas políticas y favoritismos que tendrían impacto directo en los recursos destinados a quienes más lo necesitan.

Según lo revelado por Semana en las últimas horas, en el escándalo estarían envueltos el senador Gustavo Moreno y el director de la entidad, Adith Romero. El medio citado señaló que “el Gobierno de Gustavo Petro le entregó la Unidad para las Víctimas a un clan político de Santander”, con fines electorales. 

De acuerdo con las investigaciones, parte del presupuesto anual de la Unidad para las Víctimas, de alrededor de 4,5 billones de pesos, habría sido desviado para financiar una base de poder de un clan político de Santander cercano al senador Moreno.

Otro implicado en esta denuncia es el director general de la Unidad, Adith Rafael Romero Polanco, quien fue señalado como una de las piezas clave de la corrupta estrategia política, ya que no contaba con experiencia en el sector.

Contraraciones por favores políticos en la Unidad para las Víctimas

Todo apunta a que de los 42 cargos directivos de la Unidad para las Víctimas, al menos 22 estarían ligados directamente al senador y 19 tendrían origen en Santander. Esas designaciones han generado críticas debido a que la contratación no tuvo que ver con su experiencia profesional, sino con lealtad política.  

Entre los casos denunciados de presuntos malos manejos están: el pago de ollas comunitarias por cerca de 19 millones de pesos, kits de armonización y rituales indígenas por varios millones, kits deportivos, uniformes con precios sospechosos y sobrecostos en transporte para eventos.  

Según un testimonio de un contratista, los directivos de la entidad le solicitaron inflar los costos; es decir, que si el valor era de 70.000, debía ser facturado por 300.000. Aun así, la ejecución presupuestal está muy por debajo de lo esperado.

Conforme a la investigación, en lo corrido del año solo se ha utilizado aproximadamente el 24 % del presupuesto. Asimismo, las metas de reparación integral también estarían rezagadas. Por ejemplo, la ejecución de medidas de reparación para víctimas solo habría alcanzado cerca del 9 % de lo proyectado.

Según lo revelado por el medio,  algunos funcionarios opositores a estas acciones corruptas estarían siendo víctimas de maltrato laboral. Al parecer, serían presionados políticamente con retención de horarios y restricción a la información.