El PAE se podría enfrentar a suspensión en múltiples territorios

La Procuraduría General de la Nación ha emitido un comunicado alarmante dirigido al Ministerio de Educación Nacional y a la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), donde revela una situación que pone en grave riesgo el Plan de Alimentación Escolar (PAE) en varias entidades territoriales del país. El motivo detrás de esta amenaza inminente es atribuido a la supuesta falta de presupuesto destinado a este programa vital.

La Procuraduría ha identificado que numerosos municipios, incluyendo a Villavicencio, Montería, Sincelejo, Uribia, Pitalito y Neiva, se han visto afectados por los crecientes precios de los productos básicos de la canasta familiar. Esta situación ha generado una disminución en las opciones de compra de alimentos de calidad para el programa. 

Como resultado, aproximadamente 808.453 niños, niñas y jóvenes en estas áreas se encuentran en riesgo de tener restringidos sus derechos constitucionales de acceso y permanencia en la educación, ya que sus padres podrían verse obligados a no enviarlos a las instituciones educativas debido a la falta de alimentación.

Para hacer frente a esta problemática, algunas entidades han considerado la posibilidad de reducir la cobertura del programa como una medida de contingencia. Sin embargo, esta acción no solo comprometería los principios fundamentales del PAE, sino que también violaría el derecho constitucional de los niños, niñas y jóvenes al acceso y permanencia en la educación.

Ante este panorama desafiante, la Procuraduría ha instado al Ministerio de Educación y a la Unidad de Alimentos para Aprender a tomar las medidas necesarias para abordar de manera urgente esta situación y encontrar soluciones efectivas para la problemática presentada.

“Ante la situación, el ente de control solicitó, tanto al Ministerio de Educación como a la Unidad de Alimentos para Aprender, adelantar las estrategias que sean necesarias para atender la problemática manifestada”, agregó la Procuraduría en el comunicado.

Es importante destacar que estos hechos revelados por la Procuraduría, donde se pone en riesgo tanto la alimentación como la educación de los niños más vulnerables del país, subrayan la gravedad y urgencia de la situación actual del PAE. Además, es relevante recordar los casos escalofriantes en los que se descubrió que, a través de los proveedores, se suministró carne de burro y caballo a niños en Antioquia y Santander, así como la revelación de la Defensoría del Pueblo sobre la presencia de alimentos contaminados y en mal estado.

Por consiguiente, la Procuraduría se mantiene vigilante y continúa investigando para identificar a los responsables de suministrar alimentos de mala calidad a los niños y aplicar todo el peso de la ley sobre aquellos que obstaculizan y violan los derechos de los niños.