Tumban cobro adicional en el recibo de luz por emergencia en La Guajira; el Gobierno tendrá que devolver el dinero

El pasado mes de julio, el presidente Gustavo Petro expidió un Decreto de emergencia económica para ampliar la cobertura y el acceso al servicio público de energía eléctrica en La Guajira, proyecto para el cual se estableció que se incluiría en las facturas de servicio público de energía eléctrica de los estratos 4, 5 y 6 un aporte de mil pesos $1.000 por factura.

Sin embargo, este jueves, 9 de noviembre, se dio a conocer que la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó otros dos artículos del este decreto, entre ellos se encuentra el artículo tercero que fijaba la sobretasa en las facturas de servicio público de energía eléctrica.

Al igual que en ocasiones anteriores, la decisión se tomó en la Sala Plena de la Corte, en la que se consideró que "todas las medidas adoptadas en el marco del estado de emergencia declarado mediante el Decreto 1085 de 2023 son inconstitucionales".

"La Sala Plena estimó que el impuesto previsto en el artículo tercero no está relacionado con la prestación del servicio de agua o el saneamiento básico, y su existencia en el ordenamiento jurídico, aunque haya sido temporal, compromete intensamente el principio democrático y el principio de legalidad de los tributos", añadió la sala. 

Siendo así, la Corte Constitucional le dio un plazo de seis meses al Gobierno, para que las empresas encargadas de la facturación de energía eléctrica, devuelvan el dinero que se haya recaudado a favor de los contribuyentes.

El otro decreto que fue tumbado es el 1276, el cual permitía que Ecopetrol pudiera ejecutar proyectos de generación de fuentes no convencionales de energías renovables en el departamento y autorizaba a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) "para crear un régimen tarifario especial y diferencial de carácter transitorio para La Guajira".

Finalmente, la Corte fijó medidas para “ampliar el acceso al servicio de energía eléctrica y preservar los medios de subsistencia de la población a través del rescate de la transición energética, con la finalidad de superar la crisis humanitaria y el estado de cosas inconstitucionales o evitar la extensión de sus efectos” tampoco pasó el trámite constitucional.