Falsos positivos: España le entregará a Colombia exguerrillero presuntamente implicado

Para la extradición de España a Colombia, la coyuntura del implicado debe cumplir algunos requisitos, los cuales son efectuados en el caso del exguerrillero del Ejército de Liberación Nacional, ELN, Luis Jhon Castro Ramírez, alias El Zarco, acusado en Colombia por conspiración para delinquir y homicidios en persona protegida, mientras que en España se le tipifica de asesinato.

Castro presuntamente habría entregado a diecisiete personas al Ejército colombiano para posteriormente quitarles la vida, lo que es conocido en nuestro país como “falsos positivos”.
Además, los jueces consideran que con los delitos que se le imputan se cumple el convenio de extradición entre ambos países, que los delitos no han prescrito y que la reclamación de Colombia no tiene motivación ilegítima.

El exguerrillero dijo haber denunciado los mismos hechos de los que se le acusan y se declaró víctima de una persecución política. Además, aseguró que, de llegar nuevamente al país, su vida correría peligro, sin embargo, la extradición ya fue concedida por la Audiencia Nacional española, pero no se cumplió el plazo establecido, por lo cual las autoridades locales volvieron a alegar su entrega.

Según el tribunal, entre 2007 y 2008 Castro Ramírez, también conocido como Mono o Antoni, participó presuntamente en el reclutamiento mediante promesas económicas de diecisiete personas para llevarlas a lugares donde se encontraban tropas del Ejército, que las asesinaron y presentaron como bajas legítimas en combate en operaciones militares, los "falsos positivos".

Concretamente, el 6 de noviembre de 2007 el acusado llevó a tres hombres hasta una zona cercana a Cali donde miembros de la Tercera Brigada del Ejército Nacional los mataron en "un presunto combate, haciéndolos pasar por subversivos que iban vestidos de policías armados".

Posteriormente, en 2008, reclutó de la misma forma a otras catorce personas a las que también el Ejército les arrebató la vida, "sin mediar combate" y que fueron "presentadas como bajas legítimas en combate" en documentos oficiales "que daban apariencia de legalidad a las operaciones militares”.

El tribunal considera entonces que debe proceder para que los delitos no queden en la impunidad.