Paro Nacional en Colombia: Fiscalía entregó cifras del Paro Nacional a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El ente investigador, que es independiente y que hace parte de la rama judicial, también confirma que del número de muertos registrados, 21 tienen relación directa con las jornadas de protesta y de estos, 11 son en Cali y 4 en otros municipios del Valle del Cauca.

El informe anota que a nivel nacional hay 11 fallecidos en proceso de investigación y 19 personas que han perdido la vida no tienen nexo alguno con las manifestaciones o el paro. Estos aspectos son importantes en el entendido que a cada caso se le da prioridad y tienen sus fiscales específicos. Incluso y cuando existen discrepancias en cifras, se conforman rápidamente mesas de trabajo y análisis para hacer una trazabilidad, como sucedió con Human Right Watch, que mostraba un número superior de fallecidos, encontrándose que varios de esos decesos se habían presentado con anterioridad a las manifestaciones.

“Lastimosamente, Colombia tiene un promedio de 12 mil homicidios anuales y, por ende, es un país que registra 24 muertes por cada 100 mil habitantes, indicando que hay muchos de orden doloso que podrían incluirse por algunas plataformas por cuenta del paro nacional. Hemos sido muy precisos en determinar cuáles son las razones y las circunstancias”, indicó el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.

Sobre desaparecidos, el informe cuenta que hay tres denuncias en el sistema de información del ente investigador nacional, una de estas en Yumbo, Valle, teniéndose activado un mecanismo de búsqueda urgente contemplado en la ley 971 de 2005, que permite reunir a todas las entidades del Estado en una mesa articulada con la Defensoría del Pueblo para buscar 91 personas.

En su informe, Barbosa agregó que 328 personas han sido encontradas por los equipos de trabajo de la Fiscalía y la Defensoría, indicando que se procura evacuar rápidamente esos mecanismos de búsqueda urgente para determinar cifras reales.

En cuanto a la protesta pública, el Fiscal dijo a la CIDH: “se encuentra protegida constitucionalmente, teniendo como límite la comisión de delitos. Por tanto, lo visto en el suroccidente colombiano, como fue en Cali, Tuluá, Buga, Bugalagrande y Popayán, tiene relación con dos tiempos. Uno, que se da por las mañanas cuando la gente sale a marchar o a protestar tranquilamente, y otro, en horas de la tarde, cuando entran algunas personas a generar violencia, destrucción y terrorismo”.

En este punto, expresó: “nosotros tenemos evidencia en la ciudad de Cali sobre la participación de la ‘segunda Marquetalia’, capturando a siete integrantes, todos ellos señalados de cometer ataques al comercio, a sedes bancarias e instituciones oficiales, agresiones a la fuerza pública, obstrucción permanente en las vías de esta capital y su área metropolitana”.

Precisó que a estos sujetos se les dio captura por tener un centro de operaciones en Cali, con unas guías específicas de la ‘nueva Marquetalia’, con interceptaciones telefónicas, prueba técnica que permitió ir donde los jueces para denunciar estas estructuras.