Fiscalía de la Justicia Penal Militar inspecciona Casa de Nariño en investigación al caso Marelbys Meza

En el marco de las investigaciones que se llevan a cabo por las interceptaciones de las líneas telefónicas de Marelbys Meza y Fabiola Perea, trabajadoras de la ex jefe de gabinete de Presidencia, Laura Sarabia, la Fiscalía de la Justicia Penal Militar y Policial llegó en hora de la mañana de este lunes, 24 de junio, a la Casa de Nariño, para indagar sobre las presuntas irregularidades por parte de un grupo de policías.

Sobre las 8:30 a.m. de este lunes, de peritos en fotografía y topografía además de 20 expertos de la Fiscalía de la Justicia Penal Militar y de la Policía se presentaron en la sede de la Presidencia de la República, dando inició a la diligencia de inspección judicial en el edificio Galán de la Casa de Nariño, para recolectar material probatorio en el proceso de investigación por el polígrafo a la exniñera de Laura Sarabia.

De acuerdo a lo expuesto, durante la diligencia que fue previamente agendada, las autoridades además de reconstruir la sesión de interrogatorio a la que fue sometida Marelbys Meza, se reveló que los uniformados ingresarán a la oficina del coronel Carlos Feria, jefe de seguridad del Palacio y quien habría liderado la sesión de polígrafo.

Cabe mencionar que, el pasado mes de noviembre la Fiscalía imputó al jefe de la Oficina de Protección de la Presidencia y a otros dos agentes de la Policía que estarían involucrados en este caso.

Según expuso el ente acusador, los imputados son el jefe de la Oficina de Protección Presidencial, coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, el jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad de Palacio, capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez; y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez.

Los uniformados fueron imputados por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. Adicionalmente, al intendente Sacristán Bohórquez le fue formulado el delito de acceso abusivo a sistema informático agravado. Los tres procesados no aceptaron cargos.

“La investigación da cuenta de que los funcionarios habrían aprovechado sus cargos, y usado un vehículo y otros bienes públicos para intimidar a la señora Meza Buelvas, limitar su autonomía y someterla a una prueba que vulneró su integridad emocional y personal” expone el comunicado.