JEP abre caso por crímenes cometidos por la Fuerza Pública en asocio con paramilitares

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la apertura del macrocaso 08, que investigará los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública y por agentes del Estado en asocio con los paramilitares. 

En una rueda de prensa, la presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Belkis Fiorentina Izquierdo, explicó que se centrarán en investigar las inversas formas de cooperación entre estos dos actores en el conflicto armado. 

En algunos casos, conocidos por la opinión pública, se han podido evidenciar los nexos que tuvieron miembros de las fuerzas militares y la Policía con los grupos paramilitares para que ejecutaran acciones criminales por fuera del respeto de los Derechos Humanos. 

De igual manera, en algunas ocasiones también se ha comprobado que ambos bandos actuaban de manera conjunta. De hecho, solo en este macrocaso se concentran más de 70 mil casos, de los cuales 15.710 son atribuidos a miembros de la fuerza pública, 56.502 a paramilitares y 280 a otros agentes del Estado. 

Según informó el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, el total de presuntos responsables que serán investigados es superior a 2800 personas, testimonios con los que se buscarán esclarecer los hechos más graves que no están incluidos dentro de los casos abiertos desde 2019.

Esto incluye “todas las conductas no amnistiables cometidas de manera directa o en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles y que no corresponden con ‘falsos positivos’ (caso 03), victimización de miembros de la Unión Patriótica (caso 06), o que no están siendo investigadas en los casos territoriales (02, 04 y 05)”.

De acuerdo con el Grupo de Análisis de la Información de la JEP, los principales crímenes atribuidos directamente a la fuerza pública fueron: homicidios con 8.345 casos, desplazamiento forzado (2.904), amenazas (1.638), tortura (1.249) y desaparición forzada (1.136). “Entre 2000 y 2009 se concentra el 51% de los hechos”, estableció la jurisdicción. 

“Estas conductas están mencionadas en 184 informes analizados, de los 974 recibidos por la JEP. Al integrar todas estás dinámicas de la guerra en el caso 08, que las aborda como una serie de conductas vinculadas y no como hechos fragmentados, se facilita la comprensión de los crímenes y será más eficiente impartir justicia”, agrega el alto tribunal.

Cabe mencionar que, particularmente, la investigación del macrocaso 08 se concentrará en el Gran Magdalena (Cesar-Guajira-Magdalena); los Montes de María; Ariari-Guayabero-Guaviare, Caguán y Florencia; Antioquia y el Magdalena Medio. 

“Se trata de zonas que fueron de amplia influencia sociopolítica y militar de las guerrillas. Allí confluyeron organizaciones sociales, partidos políticos de oposición, asentamientos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como pobladores urbanos de barrios populares e intereses particulares y estratégicos sobre el territorio. Esto habría motivado y servido de narrativa para justificar la estigmatización de sectores sociales, políticos y comunidades completas como auxiliadoras o integrantes de las guerrillas en razón a su rol social o por el hecho de habitar en esos territorios”, especificó la JEP.