JEP imputa a diez miembros del Ejército por falsos positivos en Dabeiba

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la imputación de diez militares por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en el marco de las investigaciones que adelanta por la desaparición de civiles inocentes que luego fueron presentados como bajas en combate. 

Los hechos por los que son señaladas estas personas ocurrieron en Dabeiba, Antioquia, el departamento más afectado por las ejecuciones extrajudiciales con 485 casos. Según el expediente, la JEP constató la presencia de 49 cadáveres de falsos positivos en el cementerio de ese municipio. 

“Debido a la inexistencia de informes oficiales y de víctimas, la destrucción de documentos operacionales, y los muy precarios avances (archivos) de las justicias ordinaria, penal militar y disciplinaria, la investigación se soportó por completo sobre los aportes a verdad plena realizados por diversos comparecientes de la fuerza pública, contrastados con las evidencias forenses, así como con las pruebas decretadas y practicadas por la JEP”, señaló el tribunal.

En ese sentido, la JEP encontró pruebas suficientes para imputar como máximos responsables por jerarquía a tres coroneles en retiro: Jorge Alberto Amor Páez (excomandante de la BRIM 11), David Herley Guzmán Ramírez (excomandante del BCG 79) y Efraín Enrique Prada Correa (excomandante del BCG 79).

De igual manera, responsabilizó por estos hechos a Edie Pinzón Turcios (excomandante del BCG 26 Arhuacos) y a los mayores Yair Leandro Rodríguez Giraldo (BCG 26) y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica (BCG 79).

Los tres sargentos en retiro William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo, y el soldado profesional en retiro, Levis de Jesús Contreras Salgado, también fueron imputados por su participación en la ejecución de personas inocentes en el conflicto armado. 

“Los comparecientes, asumiendo un compromiso con la verdad y las víctimas, confesaron espontáneamente ante la JEP la comisión de delitos por los cuales jamás habían sido investigados e involucraron a máximos responsables, que tampoco habían sido judicializados”, señaló la entidad.  

“Los 10 imputados deberán responder por 23 hechos criminales en los que 46 víctimas fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate. Además, hubo otra víctima, un subteniente del Ejército, cuyo cuerpo ya había sido entregado a sus familiares”, agrega la JEP. 

El alto tribunal de paz afirma que, en estos casos, encontró tres patrones criminales:  homicidio de campesinos de la región por prejuicio insurgente y de combatientes guerrilleros que se habían desmovilizado, de personas ajenas al territorio, traídas bajo engaño desde Turbo, Medellín y otros municipios para obtener y mostrar resultados operacionales; y de desaparición forzada a través del ocultamiento de cuerpos y el uso de los cementerios municipales de Dabeiba, Ituango y Carepa para ser enterrados como NN.

De acuerdo con las versiones entregadas a la JEP por los comparecientes, de las 49 víctimas, 29 fueron enterradas en el cementerio de Dabeiba, 16 en Ituango y una en Carepa, de los cuales se lograron recuperar, identificar y entregar dignamente a 11 que se encontraban en el Cementerio Las Mercedes, de Dabeiba. 

“Este es un caso de enorme trascendencia para el país, las víctimas y la verdad. En este caso partimos de una impunidad absoluta”, dijo el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, resaltando el trabajo que tuvo el tribunal al adelantar la investigación desde cero.