Por: María Andrea Suárez • Colombia.com

JEP abre incidente de desacato y solicita investigar al ministro Wilson Ruiz

Específicamente, Ruiz dejó de responder doce preguntas de la JEP en el auto 082 de 2022, en medio de un proceso de medidas cautelares para proteger los derechos fundamentales de los comparecientes. 

JEP abre incidente de desacato al ministro Wilson Ruiz. Foto: Twitter @wilsonruizo
JEP abre incidente de desacato al ministro Wilson Ruiz. Foto: Twitter @wilsonruizo

Específicamente, Ruiz dejó de responder doce preguntas de la JEP en el auto 082 de 2022, en medio de un proceso de medidas cautelares para proteger los derechos fundamentales de los comparecientes. 

Un incidente de desacato en contra del ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, abrió la Sección de Audiencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por no haber cumplido las órdenes en las que se requería información. 

De acuerdo con la jurisdicción, estos datos tenían que ver con los avances en el desmantelamiento en las organizaciones criminales posterior al Acuerdo Final y protección a los excombatientes de las extintas Farc.

Específicamente, Ruiz dejó de responder doce preguntas de la JEP en el auto 082 de 2022, en medio de un proceso de medidas cautelares para proteger los derechos fundamentales de los miembros de la fuerza pública y de la antigua guerrilla, grupo de comparecientes obligatorios ante el alto tribunal.

Varios firmantes del Acuerdo de Paz pidieron a la Sección con Ausencia de Reconocimiento que les fueran concedidas medidas cautelares en medio del asesinato masivo de esa población en diferentes puntos del país. La solicitud fue atendida en 2020. 

Según indica la JEP, desde entonces ha impartido una serie de órdenes a distintas entidades, entre las que está el Ministerio de Justicia. En ese sentido, el pasado 21 de abril se le solicitó al titular de la cartera entregar respuestas sobre el fortalecimiento en la investigación contra grupos armados y la creación de juzgados para que los procesos pudiesen avanzar rápidamente. 

“La persistencia de las violaciones a los derechos de los excombatientes en proceso de reincorporación exige el seguimiento permanente a las órdenes proferidas a las entidades estatales con obligaciones vinculantes en materia de garantías de seguridad, como se estableció en el Acuerdo Final de Paz y se desarrolló normativamente, y la verificación de que se han cumplido de manera efectiva”, explicó la jurisdicción. 

“En este contexto, se vinculó al Ministerio de Justicia y del Derecho a este trámite y se le impartieron las órdenes referidas en los antecedentes, todas en el marco de las competencias que está obligado a cumplir y a informar. No sobra advertir la suprema importancia que la información solicitada a este Ministerio tiene para establecer los obstáculos que impiden el cumplimiento de los compromisos estatales en materia de garantías de seguridad de la población señalada y para determinar las medidas urgentes que deban adoptarse”, agregó la JEP. 

En ese orden de ideas, el tribunal de paz considera que los incumplimientos del ministro Ruiz están injustificados, razón por la cual decidió abrir el incidente de desacato y compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación para que inicie las investigaciones correspondientes. 

Por su parte, Wilson Ruiz tendrá cinco días hábiles para presentar las pruebas que expliquen el por qué no ha respondido a las interrogantes de la JEP. Cabe mencionar que, si es hallado en desacato, se enfrentará a penas que van desde multas hasta una orden de arresto. Las preguntas que deberá resolver son: 

  • ¿Qué medidas específicas de fortalecimiento de la investigación y la judicialización de los grupos y las organizaciones criminales se han tomado y cuáles son los resultados a la fecha?
  • ¿Cuánto tiempo lleva operando el Comité Interinstitucional de Sometimiento Individual a la Legalidad y cuáles son sus logros?
  • ¿Cuántos despachos judiciales dirigidos al procesamiento criminal y la judicialización de miembros de organizaciones criminales que atentan contra los defensores de derechos humanos, líderes sociales y personas en proceso de reincorporación se han creado y cómo se definió la proporcionalidad entre jueces dispuestos e investigaciones a cargo?