Por: Alexandra Mendez • Colombia.com

“No existen irregularidades”: jueza se refirió a la liberación de los voceros de paz

La Coordinación del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá aseguró que las libertades se dieron en cumplimiento de la orden presidencial.

Jueza se refirió a la liberación de los voceros de paz. Foto: AFP
Jueza se refirió a la liberación de los voceros de paz. Foto: AFP

La Coordinación del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá aseguró que las libertades se dieron en cumplimiento de la orden presidencial.

El pasado 21 de diciembre, se dio la liberación del primer integrante de la primera línea que se convertirá en vocero de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro. Se trata de Santiago Márquez Charris, de 25 años, quien estuvo preso en la cárcel de Palogordo de Girón, Santander, durante siete meses.

El hombre estaba privado de su libertad por participar de forma violenta en las protestas en contra del gobierno del expresidente Iván Duque. A su vez, también fue liberada la líder comunitaria Adriana Esperanza Bermeo Sua, hecho que ha generado muchas reacciones en la comunidad.

En fechas recientes, la procuradora Margarita Cabello aseguró que habían irregularidades en la libertad de los voceros de paz. "En la orden de libertad otorgada a los voceros de paz la semana pasada encontramos nosotros que quien la firmó es la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, persona que en principio, consideramos, que no tiene competencia para ello, y por eso estamos haciendo las primeras averiguaciones si tenía o no competencia para hacerlo", indicó en un video. 

Tras estos señalamientos, el Ministerio Público envió una carta a Jorge Luis Trujillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, en la que se cuestionaba la actuación de la presunta falla que cometió la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá, que firmó los boletos de libertad de Santiago Márquez Charris y Adriana Esperanza Bermeo.

Luego del revuelo generado, la Coordinación del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá, envió un comunicado afirmando que no existieron irregularidades en la suspensión de las medidas de aseguramiento y que las libertades otorgadas a los dos ciudadanos se dieron en cumplimiento de una orden presidencial. 

Según la Circular 001 del 19 de enero de 2005 de la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, “los imputados que, por disposición del Juez de Control de Garantías quedan privados de la libertad, estarán a disposición del juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales”, hecho que se presenta con los implicados tras la medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta por un juez de garantías. 

La irregularidad radicaría en que aunque la decisión fue tomada con fundamento en las disposiciones de la ley, se exigía la notificación previa a una institución determinada con el fin de dar cumplimiento a la orden presidencial. Es así que la jueza Bastidas estaría preparando su defensa para afrontar una queja disciplinaria por parte de la Procuraduría.