Nueva EPS habría sido intervenida con irregularidades y posible falsificación

La intervención estatal a la Nueva EPS volvió a encender la polémica tras una denuncia formal presentada por siete altos funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud, quienes advierten posibles irregularidades graves en el proceso.

De acuerdo con los documentos radicados ante la Procuraduría General de la Nación, la decisión de mantener el control sobre la entidad no habría cumplido con los requisitos legales ni técnicos exigidos, lo que pone en duda la legitimidad de la medida adoptada por el Gobierno.

Entre los principales cuestionamientos se encuentra la ausencia de un informe previo obligatorio por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia, considerado un paso esencial antes de cualquier intervención. Además, según los denunciantes, tampoco se habría solicitado el concepto técnico requerido ni se incluyó información complementaria clave dentro del procedimiento.

Uno de los puntos más delicados es la presunta tergiversación de recomendaciones técnicas. La resolución oficial habría señalado que el Comité de Medidas Especiales respaldó la intervención de la Nueva EPS, cuando en realidad según la denuncia dicho comité recomendó por unanimidad no aplicar una nueva medida de control forzoso.

Este hecho genera especial preocupación, ya que, de confirmarse, implicaría que se utilizó información incorrecta o manipulada para justificar una decisión de alto impacto sobre el sistema de salud y millones de afiliados.

La denuncia también apunta a la actuación de la superintendente ad hoc, Luz María Múnera, quien habría firmado la resolución sin respetar los protocolos establecidos. Los funcionarios advierten que se ignoraron de manera sistemática los procesos internos, vulnerando el debido proceso y principios fundamentales de legalidad.

Otro aspecto que ha generado controversia es la designación del agente interventor. Según una evaluación técnica interna, Jorge Iván Ospina Gómez no cumpliría con los requisitos exigidos para asumir el cargo, particularmente en lo relacionado con experiencia en el sector salud. Incluso, se señala que su perfil presenta un nivel de riesgo considerado alto dentro de las listas de verificación.

Mientras tanto, los indicadores de la entidad muestran un deterioro significativo durante el periodo de intervención. Las reclamaciones han aumentado, las deudas con prestadores de servicios crecieron considerablemente y persisten fallas en la atención, especialmente en áreas sensibles como entrega de medicamentos y servicios especializados.

El caso ha desatado reacciones desde distintos sectores, que piden la intervención de los organismos de control para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades. La magnitud de la situación es especialmente relevante si se tiene en cuenta que la Nueva EPS es la entidad con mayor número de afiliados en el país.

La controversia abre un nuevo capítulo en el debate sobre el manejo del sistema de salud en Colombia, donde las decisiones administrativas no solo tienen implicaciones legales, sino también un impacto directo en millones de usuarios que dependen del acceso oportuno a los servicios médicos.