Nueva EPS acumula fallas y ahora enfrenta inspección de la Contraloría

La Nueva EPS vuelve a estar en el centro del debate nacional tras la intervención de la Contraloría General, que inició una actuación de Policía Judicial para obtener información financiera que la entidad no ha reportado desde el primer semestre de 2024. La situación ha encendido las alarmas sobre el estado real de la mayor aseguradora de salud del país, que cuenta con más de 11 millones de afiliados.

La falta de datos oficiales no es un asunto menor. En términos prácticos, significa que actualmente no existe claridad pública sobre la situación económica de la entidad, lo que dificulta evaluar su capacidad para garantizar la prestación de servicios. Esta ausencia de información llevó al ente de control a intervenir tanto en la Nueva EPS como en la Superintendencia de Salud, con el fin de recolectar insumos que permitan determinar posibles responsabilidades fiscales o disciplinarias.

El contexto en el que se da esta actuación es especialmente crítico. La intervención del Gobierno sobre la EPS terminó el pasado 2 de abril de 2026 y no fue prorrogada, dejando un vacío sobre quién ejerce el control administrativo y financiero. Esta incertidumbre ha aumentado la preocupación entre usuarios y expertos del sector salud.

Paralelamente, la Procuraduría solicitó explicaciones urgentes a la Superintendencia de Salud para determinar si aún existen razones legales para mantener el control estatal sobre la entidad. Las preguntas apuntan a establecer si los problemas que motivaron la intervención inicial persisten o incluso han empeorado.

Los indicadores del servicio refuerzan las preocupaciones. En el último año, las quejas de usuarios han tenido un incremento significativo, reflejando dificultades en la atención, entrega de medicamentos y acceso a tratamientos. A esto se suman denuncias sobre retrasos en la gestión de cuentas médicas y fallas tecnológicas que afectan el funcionamiento interno.

Informes recientes también evidencian debilidades en el manejo de los recursos, con prácticas que podrían generar riesgos financieros y legales. Entre ellas, se mencionan pagos anticipados frecuentes a prestadores, uso de sistemas obsoletos y procesos administrativos poco eficientes.

En medio de este panorama, crece la presión sobre las autoridades para tomar decisiones claras que permitan estabilizar la situación de la Nueva EPS. Mientras avanzan las investigaciones, millones de usuarios siguen a la expectativa de soluciones concretas que garanticen la continuidad y calidad en la prestación del servicio de salud.