Nueva EPS bajo sospecha: acusan al Gobierno de maniobra para quedarse con el control

Una nueva controversia rodea a Nueva EPS, la entidad con mayor número de afiliados en el país, luego de que desde el Congreso se encendieran las alertas por la forma en que el Gobierno Nacional obtuvo el control mayoritario de sus acciones.

El representante Andrés Forero aseguró que el proceso mediante el cual el Estado pasó a tener el 51 % de la participación accionaria no habría sido transparente. Según su denuncia, el presidente Gustavo Petro y el entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habrían logrado ese control a través de maniobras irregulares.

El punto central del cuestionamiento está en el papel de Comfenalco Antioquia, una de las cajas de compensación que tenía participación en la EPS. Esta entidad se encuentra intervenida desde 2023 y de acuerdo con Forero, su interventor habría cedido acciones al Ministerio de Hacienda, lo que terminó inclinando la balanza a favor del Gobierno.

El congresista sostiene que esta decisión pudo haberse tomado por fuera de los límites legales y pidió a la Procuraduría General de la Nación que investigue lo ocurrido. Para respaldar su denuncia, mencionó documentos que evidenciarían la modificación en la composición accionaria, autorizada por la Superintendencia de Salud a comienzos de 2026.

Además de Comfenalco Antioquia, otras cajas de compensación como Colsubsidio, Cafam, Compensar, Confenalco Valle y Confandi también cedieron sus participaciones, lo que consolidó el dominio estatal sobre la entidad. Este movimiento cambió por completo la naturaleza de Nueva EPS, que pasó de ser administrada principalmente por el sector privado a quedar bajo una influencia directa del Gobierno.

Sin embargo, el debate no se limita a la forma en que se dio ese control. La situación actual de la EPS agrava las preocupaciones. Las cifras de quejas han crecido de manera significativa en el último año, superando el medio millón de reclamos, mientras miles de solicitudes ni siquiera han sido revisadas.

A esto se suma un vacío administrativo que genera aún más incertidumbre. La intervención del Gobierno terminó a inicios de abril y hasta ahora, no hay claridad sobre quién dirige la entidad ni cuál será su futuro. Esta falta de definición ha encendido alarmas en distintos sectores, especialmente por el impacto que puede tener en millones de usuarios.

En paralelo, se han conocido casos de servicios suspendidos por deudas millonarias, lo que evidencia las dificultades operativas que enfrenta la EPS. La Procuraduría, por su parte, ya solicitó explicaciones formales al Gobierno para determinar si persisten las razones que justificaron la intervención.

Con este panorama, Nueva EPS no solo enfrenta cuestionamientos sobre su manejo interno, sino también una fuerte presión política y jurídica que podría definir su rumbo en los próximos meses.