Piedad Córdoba será indemnizada por el Estado colombiano por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Piedad Córdoba es uno de los personajes políticos que más revuelo causa en la escena política nacional debido a que ha retornado al Congreso de la República gracias a la alta votación que obtuvo en las elecciones legislativas del 13 de marzo a bordo del Pacto Histórico.

La política antioqueña se encuentra en el ojo del huracán por sus presuntas visitas a personajes en las cárceles, pero ella asegura que allí se entrevistaba con su hermano Álvaro, detenido bajo cargos de narcotráfico, un hecho que la abogada de 67 años considera como un montaje y una jugada política en su contra.

En días pasados Gustavo Petro, candidato de la coalición de progresistas y alternativos pidió a la recién electa senadora de la República que se apartara de la campaña presidencial del aspirante nacido hace 62 años en el departamento de Córdoba mientras logra solucionar sus problemas las denuncias que en su contra ha hecho la candidata Íngrid Betancourt y su exasesor, Andrés Vásquez, por supuestos favorecimientos al dilatar la liberación de secuestrados de las Farc.

Íngrid Betancourt, secuestrada en 2022 por las Farc y cautiva durante 6 años, afirma que la senadora Córdoba tuvo nexos con el extinto grupo guerrillero, una razón por la que se ha criticado al Pacto Histórico, y en especial al candidato de esta coalición, Gustavo Petro.

Hoy, Piedad Córdoba también es noticia, pero no solamente por sus supuestos vínculos con las Farc, sino porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Estado Colombiano indemnizar a la congresista por el caso de las interceptaciones telefónicas ilegales conocidas como las ‘chuzadas’ del DAS.

De acuerdo con lo determinado por el Tribunal de Justicia, el DAPRE realizó requerimientos al DAS, Departamento Administrativo de Seguridad para que realizara interceptaciones a Piedad Córdoba, estas no solo estuvieron relacionadas con teléfonos, sino también con correos electrónicos y estados de cuentas bancarias.

La Sala aclaró que el presidente de la República en momentos en los que Piedad Córdoba era interceptada, Álvaro Uribe Vélez, no tiene comprobada su responsabilidad en las ‘chuzadas’, y aunque el tribunal ordena que se pida disculpas públicas a la hoy senadora antioqueña, el fallo no declara que el expresidente Uribe Vélez sea quien deba ofrecerlas.

El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordena que la senadora electa Piedad Córdoba sea indemnizada con una cantidad mayor a los 100 millones de pesos como reparación por los daños causados a ella y a su familia en el caso de las interceptaciones telefónicas o ‘chuzadas’ en su contra realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS.