Polémica por peligrosos delincuentes liberados en Bogotá que aplauden a abogado

Mientras la ciudadanía de Bogotá se encuentra aterrada con el crimen y ruega porque cada vez se hagan más detenciones de delincuentes, la Policía y la Fiscalía se demoran más en detener a peligrosos malhechores, que los jueces en dejarlos en libertad.

24 peligrosos delincuentes pertenecientes a las temidas bandas de Aquila y Lanister fueron capturados por acciones de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, pero fueron dejados en libertad por vencimiento de términos, porque en el tiempo en el que se debían legalizar las capturas y los allanamientos, los jueces encargados simplemente estaban ocupados o estaban descansando.

La noticia generó indignación en la población que no comprende cómo la ley parece beneficiar a los delincuentes en lugar de proteger a los ciudadanos, y con el tiempo vencido, uno de los abogados de los delincuentes realizó los trámites para que un juez determinara que los capturados deberían regresar prontamente a la calle, con seguridad a continuar delinquiendo.

Lo curioso y todavía más indignante, no es solo que los peligrosos delincuentes dedicados al sicariato, a la venta de drogas, a la extorsión y al loteo y venta de terrenos robados fueran dejados en libertad, sino que los delincuentes aplaudirán al abogado que logró sacarlos de la cárcel rápida y fácilmente aprovechando errores de procedimiento.

Vencimiento de términos

Armando Camacho Cortés es el abogado que logró con su trabajo que 24 peligrosos delincuentes continúen dedicados al crimen en Bogotá y varias partes del país, y en diálogo con Blu Radio indicó que él fue contactado por redes sociales por uno de los detenidos y fue su defensor, pero que los restantes detenidos fueron dejados en libertad porque los errores de procedimiento afectaron a todos y todos debían ser dejados en libertad por vencimiento de términos.

“A mí me llamaron para hacer la defensa de una de las personas que estaba ahí (…) Esa decisión se celebra porque la Constitución Nacional, el Código de Procedimiento Penal, ley 900 de 2004 da esas garantías, de que, sea quien sea, debe tener un defensor de confianza o uno público, eso es algo normal. A los defensores nos toca hacer esas cosas. Simplemente cumplimos una función legal constitucional”, dijo el abogado Camacho a Blu Radio.

La Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que explica que no había jueces de control de garantías disponibles debido a que se encontraban en capacitación electoral y ello retrasó los procedimientos de legalización de allanamientos y capturas y por ello se perdieron las 36 horas que otorga la ley.

“Obviamente la Fiscalía cometió varios errores. Uno, que las mismas personas empezaron a decir que iban a nombrar abogados de confianza y la fiscal se confió. Y en vez de nombrarles abogados de oficio y que luego se presentaran los de confianza, perdió mucho tiempo ahí y se confió. Como ellos son mañosos, porque yo aquí no defiendo ángeles no estoy haciendo una apología del delito, pues eso pasó”, puntualizó el abogado Camacho.