La Cancillería radica proyecto de ley que busca prohibir el reclutamiento de mercenarios colombianos

Este jueves, 22 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley para aprobar la Convención Internacional Contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1989.

De acuerdo con lo expuesto por el canciller Luis Gilberto Murillo, el país necesita herramientas para enfrentar las organizaciones que se dedican o instrumentalizan personas que están bien formadas y entrenadas en temas militares o de seguridad, a quienes los reclutan y se los llevan a participar en guerras que no tienen nada que ver con ellos ni con Colombia.

“Los usan como carne de cañón, y después se nos crea un problema casi que diplomático: las familias quieren que traigan a esas personas”, dice el funcionario.

“La importancia de este instrumento radica en que le permite a Colombia: enfrentar las organizaciones que instrumentalizan a los militares colombianos retirados, a veces con engaños; combatir las prácticas que atentan contra el orden público y constitucional y promueven delitos de lesa humanidad como genocidio o crímenes de guerra, y facilita una mayor compresión del fenómeno de las empresas militares de seguridad privada”, es el argumento del Canciller para la creación de este proyecto.

Con la aprobación de esta Convención, Colombia busca tener instrumentos para combatir ese tipo de delitos. Dicho instrumento internacional pretende que Colombia como Estado Parte la Convención, “no reclute, utilice, financie, ni entrene mercenarios, y se prohíba cualquier tipo de actividad relacionada”.

Además, el proyecto de ley propone crear delitos específicos para actos cometidos por mercenarios para combatir esas actividades y adoptar medidas públicas necesarias.

Según la propia Convención, se considera mercenario a “las personas que reclutan, utilizan, financian o entrenan a mercenarios, con el fin de que participen en un acto concertado de violencia destinado a derrocar a un Gobierno o a socavar de otro modo el orden constitucional de un Estado, o a socavar la integridad territorial de un Estado”.

El proyecto de ley será estudiado por la Comisión II del Senado de la República, que se encarga de los temas de relaciones internacionales y de seguridad y defensa nacional.