Universidad Gran Colombia en líos por títulos 'chimbos'

Con el ánimo de alentar a los colombianos a ingresar a la educación superior, varias universidades han optado por crear programas que prometen graduar a profesionales en menos tiempo y que no distan de las carreras que contemplan un tiempo de 4 o 5 años.

Es el caso de la Universidad La Gran Colombia que, además de ofrecer su tradicional programa de Derecho de 10 semestres, creó una modalidad denominada Transferencia Externa de Profesionales, que consiste en que los profesionales de otras carreras pueden lograr el título de abogado en tan solo cinco semestres (dos años y medio).

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Sin embargo, la modalidad, que lleva 17 años en vigencia y que ha graduado más de 700 abogados mediante este sistema, no contaría con el registro calificado del Ministerio de Educación que autoriza la oferta, por lo que invalidaría los títulos otorgados a los profesionales que optaron por esta modalidad.

La revista Semana puso en conocimiento el caso del estudiante Julián Leonardo Martínez que, además de ser comunicador social, se inscribió a la oferta académica para obtener el título de abogado en dos años y medio, y cursó los primeros cuatro semestres de la carrera. No obstante, cuando estaba a punto de finalizar, Martínez decidió inscribir los créditos que le hacían falta, "pero la universidad no le permitió porque excedía los permitidos". 

Puesto en conocimiento del impedimento, Martínez presentó una tutela que fue fallada en su contra en en primera y segunda instancia. Pero fue gracias a este litigio que quedó en evidencia que el programa de Derecho no tiene registro calificado. La razón: La universidad utilizó la autorización del programa convencional de Derecho de diez semestres para poner en funcionamiento la modalidad opcional.

Y aunque el Ministerio de Educación hace vigilancias periódicas a las instituciones, jamás se percato de las irregularidades de este programa, quizá, porque, como lo señaló a Semana el vicerrector jurídico, Marco Tuliio Calderón, esta modalidad cumple con los requisitos establecidos en la Resolución 10575 de 2011, aunque el vicerrector admita que no tiene "conocimiento de los documentos del Ministerio que sostienen lo contrario".

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Si se llega a comprobar esta irregularidad, quienes resultarían bastante perjudicados por la irresponsabilidad con la que se ha impartido esta modalidad serían los más de 700 abogados que en la actualidad ejercen la profesión con un "título que podría carecer de validez". En ese sentido, cabe la posibilidad de que las tarjetas profesionales sean canceladas.

Por ahora el caso está en manos del Grupo de Mejoramiento Institucional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, para que se pronuncie con respecto al cumplimiento de las normas de educación superior.

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