Abogado de Córdoba atribuye amenazas a ataques de Uribe y silencio de Santos
Las amenazas a Piedad Córdoba son el resultado de los ataques que ha recibido del ahora
expresidente Uribe y del silencio que ha guardado el
mandatario, Juan Manuel Santos,

Colombia.com - Actualidad
Las amenazas a Piedad Córdoba son el resultado de los ataques que ha recibido del ahora
expresidente Uribe y del silencio que ha guardado el
mandatario, Juan Manuel Santos,
Así lo afirmó hoy el abogado de la
excongresista opositora, Luis Guillermo Pérez.
El letrado, quien también es vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), dijo, en una entrevista con Efe, que la conjunción de estos factores tiene en riesgo la vida de Córdoba, quien debió abandonar el país el jueves por la noche.
La exsenadora liberal y facilitadora de la liberación de secuestrados por la guerrilla de las FARC salió de Colombia horas después de que Uribe compareciera ante el comité del Congreso que lo investiga por su presunta responsabilidad en una trama de escuchas y seguimientos ilegales, causa a la que Córdoba concurre como víctima.
Córdoba "recibió una información muy confidencial, confiable, de que había un plan para asesinarla y que debía salir del país para proteger su vida", dijo Pérez.
"Ha salido temporalmente, hasta que el Gobierno individualice (identifique) a quien está detrás de este atentado, y tenga un pronunciamiento claro del presidente de la República", agregó el vicepresidente de la FIDH.
El abogado advirtió de que Córdoba "ha sido amenazada permanentemente".
"Es el resultado de toda la campaña que orquestó Uribe en su contra, no solamente para provocar su muerte política, sino para provocar su asesinato, y es el resultado también de la manera como ha sido maltratada por el Gobierno de Santos", sostuvo Pérez.
En el segundo caso, el letrado explicó que Santos "no le ha reconocido la legitimidad de su gestión por los secuestrados y la paz, y ha guardado silencio ante los ataques de Uribe en su contra".
Es una omisión del jefe del Estado y de Gobierno, y de los ministros de Defensa y del Interior que "alienta la posibilidad de que Córdoba sea asesinada", continuó Pérez, y observó que la responsabilidad directa de la seguridad y de lo que le pueda pasar a ella es del Gobierno.
"Más que carros blindados y hombres armados, lo que exigimos es una rectificación pública y un reconocimiento público de los aportes sustanciales que Córdoba ha hecho para la liberación de secuestrados y la paz de Colombia", enfatizó el jurista.
Una docena de rehenes han sido liberados de manera unilateral por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) merced a gestiones de Córdoba, quien el pasado noviembre fue destituida como senadora e inhabilitada durante 18 años para ejercer cargo público por decisión del procurador general, Alejandro Ordóñez.
El funcionario le siguió una investigación disciplinaria por colaborar y favorecer a esa guerrilla, imputaciones similares a las que le ha hecho el propio Uribe (2002-2010).
Pérez criticó que Santos sostenga que la paz es competencia exclusiva suya, lo cual no es cierto, por cuanto la Constitución del país la contempla como un derecho.
"Es también un deber de todo ciudadano reclamar para que cese la violencia política en nuestro país", apuntó Pérez, quien participa en el mismo proceso parlamentario contra Uribe en la doble condición de víctima y representante de afectados.
Además de Córdoba, el abogado representa al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), dentro del conjunto de la parte civil en la investigación preliminar contra el expresidente.
Durante una larga "versión libre" (testimonio) ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Uribe negó el jueves que haya ordenado a la central de inteligencia del Estado misiones de espionaje a magistrados, opositores, defensores de derechos humanos y periodistas. EFE
José Guillermo Herrera
El letrado, quien también es vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), dijo, en una entrevista con Efe, que la conjunción de estos factores tiene en riesgo la vida de Córdoba, quien debió abandonar el país el jueves por la noche.
La exsenadora liberal y facilitadora de la liberación de secuestrados por la guerrilla de las FARC salió de Colombia horas después de que Uribe compareciera ante el comité del Congreso que lo investiga por su presunta responsabilidad en una trama de escuchas y seguimientos ilegales, causa a la que Córdoba concurre como víctima.
Córdoba "recibió una información muy confidencial, confiable, de que había un plan para asesinarla y que debía salir del país para proteger su vida", dijo Pérez.
"Ha salido temporalmente, hasta que el Gobierno individualice (identifique) a quien está detrás de este atentado, y tenga un pronunciamiento claro del presidente de la República", agregó el vicepresidente de la FIDH.
El abogado advirtió de que Córdoba "ha sido amenazada permanentemente".
"Es el resultado de toda la campaña que orquestó Uribe en su contra, no solamente para provocar su muerte política, sino para provocar su asesinato, y es el resultado también de la manera como ha sido maltratada por el Gobierno de Santos", sostuvo Pérez.
En el segundo caso, el letrado explicó que Santos "no le ha reconocido la legitimidad de su gestión por los secuestrados y la paz, y ha guardado silencio ante los ataques de Uribe en su contra".
Es una omisión del jefe del Estado y de Gobierno, y de los ministros de Defensa y del Interior que "alienta la posibilidad de que Córdoba sea asesinada", continuó Pérez, y observó que la responsabilidad directa de la seguridad y de lo que le pueda pasar a ella es del Gobierno.
"Más que carros blindados y hombres armados, lo que exigimos es una rectificación pública y un reconocimiento público de los aportes sustanciales que Córdoba ha hecho para la liberación de secuestrados y la paz de Colombia", enfatizó el jurista.
Una docena de rehenes han sido liberados de manera unilateral por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) merced a gestiones de Córdoba, quien el pasado noviembre fue destituida como senadora e inhabilitada durante 18 años para ejercer cargo público por decisión del procurador general, Alejandro Ordóñez.
El funcionario le siguió una investigación disciplinaria por colaborar y favorecer a esa guerrilla, imputaciones similares a las que le ha hecho el propio Uribe (2002-2010).
Pérez criticó que Santos sostenga que la paz es competencia exclusiva suya, lo cual no es cierto, por cuanto la Constitución del país la contempla como un derecho.
"Es también un deber de todo ciudadano reclamar para que cese la violencia política en nuestro país", apuntó Pérez, quien participa en el mismo proceso parlamentario contra Uribe en la doble condición de víctima y representante de afectados.
Además de Córdoba, el abogado representa al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), dentro del conjunto de la parte civil en la investigación preliminar contra el expresidente.
Durante una larga "versión libre" (testimonio) ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Uribe negó el jueves que haya ordenado a la central de inteligencia del Estado misiones de espionaje a magistrados, opositores, defensores de derechos humanos y periodistas. EFE
José Guillermo Herrera
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