Consejo de Estado salva la investidura de Miguel Polo Polo pese a graves denuncias en contra de su UTL

El Consejo de Estado tomó una decisión que ha desatado controversia en la opinión pública: la Sala Plena rechazó la demanda de pérdida de investidura contra el representante Miguel Polo Polo, presentada por el abogado Alí Bantú Ashanti. El proceso se originó en unas grabaciones donde se hablaba de presuntos cobros indebidos a funcionarios de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

De acuerdo con la demanda, Polo Polo habría exigido 4,5 millones de pesos mensuales a Dayi Marlen Sedano y 1,5 millones a Carlos Reinel Merchán. Aunque la mayoría de los magistrados admitió que esa conducta sería reprochable e investigable en instancias penales y disciplinarias, no la consideraron causal de “muerte política”.

¿Cuál fue el análisis del Consejo de Estado sobre lo ocurrido con Miguel Polo Polo?

En su análisis, el Consejo de Estado concluyó que los salarios de los funcionarios, una vez consignados en sus cuentas, dejan de ser recursos públicos y se convierten en patrimonio personal. En consecuencia, no se configuraba la causal de indebida destinación de dineros públicos exigida por la Constitución para decretar la pérdida de investidura.

“La Sala no pone en tela de juicio que exigir a los miembros de la UTL parte de su salario constituya una conducta a todas luces reprochable que no sólo quebranta el derecho del trabajador a decidir cómo y cuándo administra la contraprestación de su servicio (...) Sin embargo, no es posible sancionarla por vía del artículo de la Constitución porque no se cumple con los supuestos de que se trate de dineros públicos y que hayan sido indebida e indirectamente destinados por el congresista”, señaló el fallo del Consejo de Estado.

El tribunal, sin embargo, advirtió que los hechos sí pueden ser objeto de investigación en la Corte Suprema de Justicia, donde ya fue denunciado, y en la Procuraduría General de la Nación. “Aunque podría ser una conducta reprochable y eventualmente sancionable en el ámbito disciplinario y penal, no se ventila para aquella la existencia de dineros públicos”, añadieron los magistrados.

La decisión no fue unánime. Cinco consejeros (entre ellos el presidente del alto tribunal, Luis Alberto Álvarez) salvaron su voto al no compartir la tesis de que los salarios pierden su carácter de recursos públicos una vez entregados a los trabajadores.

Con esta determinación, Miguel Polo Polo mantiene su investidura en el Congreso, aunque seguirá enfrentando procesos judiciales y disciplinarios. El caso sigue generando debate sobre los límites de la responsabilidad de los congresistas frente al manejo de dineros asociados al Estado.