OEA y Gobierno preocupados por posibilidad de que paramilitares retomen las armas

La Organización de Estados Americanos y el Gobierno colombiano expresaron hoy su preocupación ante la posibilidad de que más de 17.000 ex paramilitares desmovilizados retomen las armas tras el fallo de la Corte Constitucional, por el que se frenó la ley que suspendía sus causas penales.

El alto tribunal tumbó el martes una ley aprobada en 2009 por el Congreso que permitía suspender todas las causas penales contra los paramilitares rasos que se desmovilizaron en el proceso de paz que impulsó el Gobierno de Álvaro Uribe entre 2003 y 2006.

En un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA indicó que respeta la decisión, pero al tiempo "expresa su preocupación por la indefinición de la situación jurídica de miles de desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia"

Asimismo, señaló que esos desmovilizados en la actualidad "se encuentran activamente participando en el proceso de reintegración impulsado por el Gobierno y no han cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra".

La OEA advirtió también de que el fallo generó "preocupación e intranquilidad" entre los desmovilizados por las "inminentes órdenes de captura que puedan terminar convenciendo a parte de esta población a abandonar el programa de reintegración y e incluso, en algunos casos, retornar a la ilegalidad".

En ese sentido, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, señaló que tiene información de que muchos de los desmovilizados ya se han reincorporado a organizaciones criminales.

"Vamos a empezar hoy a mirar, a analizar alternativas no fáciles, les confieso, porque en la práctica estas personas si a ellas no se les aplica el principio de oportunidad, si no son susceptibles de indulto ni de amnistía la situación que se genera es muy delicada, no descartable que algunas de ellas, como ya está ocurriendo, reincidan en la comisión de delitos", agregó.

El ministro señaló que la situación no es fácil porque son 17.000 personas, de las cuales solo hasta ahora y después de cuatro años se ha juzgado un solo caso.

Con una votación de cinco a cuatro, la Corte Constitucional determinó que la norma, conocida como "principio de oportunidad", no se ajusta a la legalidad, viola los principios de justicia y reparación para las víctimas de esos ex paramilitares, y se convierte en una suerte de amnistía.

Ese fallo implica que unos 17.000 miembros de los más de 31.000 de las desmovilizadas AUC, que se desarmaron entre 2003 y 2006, podrían ser procesados por la justicia ordinaria.

El "principio de oportunidad" se pretendía aplicar a aquellos que no fueron jefes de grupos armados ilegales ni del narcotráfico, y que tampoco cometieron delitos ni antes ni después de la desmovilización más allá de haber pertenecido al grupo al margen de la ley.

También permitía a los fiscales solicitar la terminación o suspensión de acciones penales en casos de narcotráfico y pertenencia a grupos armados ilegales, siempre y cuando el beneficiario testificara en contra de otros o para desarticular las bandas.