Por: María Andrea Suárez • Colombia.com

Registrador Alexander Vega se queda en el cargo: niegan solicitud de suspensión provisional

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que la competencia para suspender a Alexander Vega es competencia de la Procuraduría General de la Nación.

Registrador Alexander Vega se queda en el cargo por ahora. Foto: Registraduría
Registrador Alexander Vega se queda en el cargo por ahora. Foto: Registraduría

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que la competencia para suspender a Alexander Vega es competencia de la Procuraduría General de la Nación.

Fue negada la solicitud de suspensión provisional al registrador nacional Alexander Vega. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que la competencia para tomar este tipo de determinaciones le corresponde a la Procuraduría General de la Nación. 

La acción popular interpuesta por el abogado Germán Calderón argumentaba que los resultados de las elecciones legislativas no han sido oportunos ni confiables y reprochaba que el registrador Vega no contribuyó en el “fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad”. 

Según indicó Calderón, diferentes voces sostienen que el funcionario “viajó a España y se reunió con los directivos de la empresa Indra, encargada de realizar los conteos electorales. Además, uno de sus más cercanos servidores fue directivo de esta y participó en el proceso de contratación, el cual, además, fue adjudicado en forma directa, violándose la transparencia y la moralidad pública”. 

El abogado considera que Vega debía ser apartado de su cargo debido a la afectación en la confianza de los colombianos al omitirse las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral (MOE) en cuanto a la estructura de los formularios E14 que daban cuenta de posibles irregularidades. 

Sin embargo, el Tribunal explicó que no le corresponde decidir sobre la suspensión de Vega teniendo en cuenta que la Procuraduría debe hacerse cargo de las denuncias que se presentan en contra de los funcionarios públicos. 

“Hay varios elementos que, en principio, permiten afirmar que el Registrador Nacional del Estado Civil ha incurrido en amenaza y vulneración del derecho e interés colectivo de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, en la medida en que la función pública electoral se vio afectada por una serie de deficiencias ocurridas en los comicios del 13 de marzo pasado y que, si no se introducen los correctivos del caso, es razonable inferir que puedan replicarse en las elecciones del 29 de mayo y 19 de junio próximos”, señaló esa instancia. 

Pese a que consideró no tener competencia para decidir la suerte de Vega, el Tribunal se comprometió a realizarle seguimiento a las próximas elecciones presidenciales y pidió al registrador mejorar la garantía de acceso de información al Censo Nacional Electoral.

A su vez, decretó medidas cautelares en las que la Registraduría deberá exponer cuáles son los criterios para la distribución de los jurados de votación y entregar un informe de auditoría interna desarrollado para el software de la empresa Indra.