Procuraduría exige acciones conjuntas para proteger a personas recluidas en URI

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, instó a alcaldías y gobernaciones del país a poner en marcha los centros de detención transitoria necesarios para enfrentar el creciente hacinamiento en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI). El llamado fue reiterado por la Procuraduría como parte de sus funciones de vigilancia preventiva.

A través de la Directiva 002 de 2026, Eljach Pacheco pidió a las autoridades competentes adelantar acciones necesarias para garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad que permanecen recluidas en estos espacios. La Procuraduría señaló que estas medidas deben adoptarse dentro del marco de las competencias legales de los entes territoriales.

El jefe del Ministerio Público solicitó cumplir con lo establecido en el Código Penitenciario y Carcelario, especialmente en lo relacionado con la construcción de establecimientos de reclusión y centros de arraigo. También hizo referencia a la adecuación de estaciones de Policía y a la suscripción de convenios interadministrativos con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), como parte de las medidas que deben impulsarse desde los niveles departamental, distrital y municipal.

De igual manera, la directiva exhorta al INPEC y a la Policía Nacional de Colombia a establecer un protocolo nacional que garantice el traslado oportuno de personas detenidas preventivamente desde estaciones de Policía y URI hacia cárceles distritales y municipales existentes. Según lo indicado, este procedimiento debe asegurar que los traslados se realicen conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Garantías y seguimiento

El documento también incluye un llamado a capacitar al personal encargado en gestión del riesgo y atención de emergencias, con el fin de salvaguardar la integridad de la población privada de la libertad que permanece en centros de detención transitoria. Esta disposición busca que quienes estén a cargo cuenten con herramientas adecuadas para responder ante situaciones que puedan presentarse en estos lugares.

Un punto clave de la directiva es la exigencia de incluir estos proyectos en los Planes de Desarrollo locales. La Procuraduría anunció que ejercerá vigilancia sobre el cumplimiento de lo ordenado y que verificará que en los planes departamentales, distritales y municipales se incluyan los recursos necesarios para financiar cárceles municipales y suscribir convenios interadministrativos con el INPEC, en proporción a las necesidades presupuestales identificadas.

El pronunciamiento se da en medio de la persistente crisis de hacinamiento que afecta a los centros de detención transitoria en el país, una problemática que continúa siendo objeto de seguimiento por parte de la entidad de control.