Senadores y representantes conciliarán proyecto sobre justicia penal virtual

La reforma a la justicia virtual fue aprobada por el Senado de la Pública el pasado 31 de mayo, un paso importante para que perdure el uso de las TIC en ese sector. De acuerdo con los ponentes del proyecto, esto ayudaría a descongestionar y agilizar los procesos judiciales. 

De igual manera, resaltan que la iniciativa permitiría flexibilizar la atención de los usuarios para que puedan radicar, diligenciar o tener audiencias por medios digitales con el fin de evitar desplazamientos físicos a los juzgados.

A pesar de que el Senado aprobó que los procesos sigan efectuándose vía digital, con 97 votos a favor y 20 en contra, la Cámara de Representantes autorizó que la justicia penal vuelva a la presencialidad desde el 1 de julio.

Cabe recordar que la justicia virtual se avaló a través del decreto 806 de 2020, en el marco de la pandemia y las medidas de prevención de la propagación de la COVID-19. Para mantener esta modalidad, se presentaron varios proyectos ante el Congreso. 

Diferentes sectores de la rama judicial consideran que la iniciativa es indispensable para lograr la continuidad de todos los procesos que se generaron en medio de la crisis sanitaria y para actualizar al gremio en las nuevas tecnologías. 

De hecho, los jueces penales de Bogotá hicieron un llamado al Congreso de la República para que prevalezca la virtualidad y el uso de las TIC en todas las especialidades y jurisdicciones. Los magistrados escribieron un comunicado oficial dirigido a la corporación. 

“Se han dictado más sentencias, son más el número de audiencias que se realizan, y el ahorro en recursos económicos tanto del Consejo Superior de la Judicatura como de las demás entidades involucradas en el proceso penal es indiscutible, a lo que se suma el consenso en los usuarios del sistema en torno a la mejora en el acceso al servicio gracias al uso de teleconferencias y mensajes de datos”, señalaron a través de la misiva. 

Cabe mencionar que, solo en el Senado de la República, hay tres iniciativas para que se establezca de manera permanente el Decreto 806 de 2020, las cuales son impulsadas por Germán Varón, María Fernanda Cabal y Angélica Lozano.

El próximo 3 de junio se vence la vigencia de ese decreto, por lo que se espera que habría que dar un vuelco a la presencialidad de los procesos judiciales si esta normativa llega a derogarse. Este hecho podría afectar el avance y diligenciamiento de trámites.