Concejal de Bogotá solicita a EE.UU. investigar al gobierno Petro por presunta ayuda a Nicolás Maduro

Durante el martes 26 de agosto de 2025, el concejal de Bogotá, Julián Uscátegui, envió una carta formal al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en la que solicita una investigación al gobierno de Gustavo Petro por presunto favorecimiento al régimen de Nicolás Maduro.

El concejal de Bogotá fundamenta su petición en una serie de hechos y decisiones del gobierno de Petro que, según él, podrían comprometer la seguridad y la institucionalidad de Colombia. Cabe resaltar que esta denuncia se produce en un contexto en el que Estados Unidos ha enviado navíos cerca de las costas de Venezuela, con el propósito de frenar la exportación de droga por parte del denominado Cartel de los Soles, dirigido por Nicolás Maduro.

Uscátegui advierte que las acciones del gobierno colombiano podrían estar facilitando las operaciones criminales en la frontera colombo-venezolana. Uno de los argumentos presentados por el concejal es que el presidente Gustavo Petro ha reiterado en distintas ocasiones que dicho grupo ilegal no existe y que se trata, a su juicio, de una premisa utilizada por la “extrema derecha” para perjudicar a gobiernos que no son obedientes.

“Este contraste plantea serias preocupaciones frente a un posible escenario de encubrimiento, omisión y/o favorecimiento, en el que las posturas oficiales del presidente Petro podrían terminar alineándose con los intereses del denominado Cartel de los Soles y de los grupos narcoterroristas que lo integran”, expresó el funcionario en la carta enviada a Marco Rubio.

En el documento dirigido al secretario de Estado, Uscátegui también enfatiza que la llamada “paz total” se ha convertido en una “licencia para delinquir, en lugar de reducir la violencia y beneficiar a quienes sufren el narcotráfico y la guerra”.

Entre los hechos que el concejal de Bogotá señala como posibles favorecimientos a los grupos ilegales, menciona:

• La implementación de la Ley de Paz Total y la radicación de un proyecto de Ley de Sometimiento que busca reducir penas, incluso para responsables de crímenes atroces, además de permitir la conservación de dinero producto del narcotráfico.
• El nombramiento de al menos 67 criminales como “gestores de paz”, varios de ellos reincidentes en actividades delictivas.
• La reducción en la erradicación de cultivos ilícitos, lo que derivó en un aumento del 10 % en los cultivos de coca, del 53 % en la producción de cocaína y del 63 % en el tráfico de cocaína no incautada.
• Los ceses al fuego que no disminuyeron la violencia y que, por el contrario, facilitaron el fortalecimiento de los grupos armados y su expansión territorial en más del 50 %.
• La creación de una Zona Económica Binacional con Venezuela, sin controles efectivos, que “podría convertirse en un corredor seguro para el Cartel de los Soles y sus estructuras armadas aliadas”.
• Contratos estatales irregulares que habrían beneficiado al ELN.

“Estamos ante un escenario que no solo amenaza la institucionalidad y el Estado de derecho en Colombia, sino que también pone en riesgo la seguridad hemisférica, al facilitar el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos”, concluyó Uscátegui.