Congreso analizó la situación de los jóvenes detenidos pertenecientes a la primera línea

El Congreso de la República analizó la situación de las personas detenidas pertenecientes a la primera línea sin que se haya hecho presente, tanto la Procuraduría General como la Fiscalía. El presidente de la Comisión Accidental de la Cámara, Alirio Uribe, anunció que el propósito es lograr la liberación de los jóvenes retenidos, según el representante a la Cámara “arbitrariamente”.

Durante cinco horas se sostuvo una audiencia pública en la que participaron los abogados y los familiares de los jóvenes detenidos, representantes de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, de la Organización de Estados Americanos, OEA, Defensoría del Pueblo y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

De acuerdo con los miembros de la primera línea y sus familiares, el Gobierno de Gustavo Petro prometió su liberación, por eso exigen que esto se cumpla, porque consideran que su detención es ‘montaje judicial’ orquestado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Varios de los jóvenes pertenecientes a la primera línea que asistieron a la audiencia, estuvieron detenidos en diferentes cárceles del país y denuncian que los que todavía se encuentran detenidos, lo hacen en malas condiciones de vida, por tal razón, hacen un llamado al Gobierno Nacional para que revise sus condiciones de reclusión. Además, reiteraron que no son ‘terroristas’.

“Los jóvenes en Colombia no somos terroristas, el derecho a la protesta no es un delito, es un derecho legítimo en una verdadera democracia. Recordamos a Dylan Cruz, a Lucas Villa, a tantos y tantas víctimas de la falta de diálogo y empatía. En la cárcel pude evidenciar la falta de garantías de la población carcelaria, no se cuenta con políticas públicas que les den calidad de vida en temas relacionados con salud, alimentación, educación, infraestructura, etc”, manifestó Fabián Trujillo, vocero de la primera línea de Puerto Resistencia.

La delegada para Colombia de la Alta Consejería de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Juliette de Rivero, expresó su preocupación porque la Policía Y la Fiscalía estén utilizando tipos penales graves como terrorismo y concierto para delinquir para judicializar a los jóvenes, cuando estos delitos no se pueden usar para tipificar acciones violentas durante las protestas.

La procuradora general, Margarita Cabello, y el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, no asistieron a la audiencia, y tampoco enviaron delegados a la reunión, así lo indicó Alirio Uribe, quien dijo además que la Fiscalía General de la Nación no respondió el cuestionario que se le había enviado con antelación.