Colombia.com Bogotá Viernes, 17 / Ago / 2018

Consulta Anticorrupción: Acá te explicamos el punto 4

Para el cuarto mandato se debe tener en cuenta que este se encuentra atado implícitamente con el tercero.

Consulta Anticorrupción: Acá te explicamos el punto 4
Claudia López intensificará la pedagogía para la consulta anticorrupción. Foto. @ClaudiaLopez

En Colombia.com te mostramos todo lo que tiene que ver con el cuarto mandato de la Consulta anticorrupción. Es un punto especifico donde se los funcionarios públicos queda obligados a difundir todo lo relacionado con los presupuestos de inversión en el país, al igual tienen que exponer las cuentas de todo lo contratato como la evolución y terminación de las obras.

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¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución? Así, se expone la cuarta pregunta en el mecanismo popular a desarrollarse el próximo 26 de agosto.

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Proyectos previos presentados en el Congreso que se relacionan con el contenido de la pregunta

El 10 de agosto de 2016 fue presentado en la Cámara de Representantes el proyecto de ley 076 de 2016 “por medio de la cual se modifica el procedimiento para discutir el proyecto del Presupuesto General de la Nación” por los senadores Iván Duque, Luis Fernando Velasco y la senadora Claudia López, ante la negativa para ser debatido fue retirado por los autores el día 14 de julio de 2017. 

Noción conceptual de la pregunta 4.

El escenario conceptual de la consulta

Involucra varios fines esenciales. Entre otros, esta consulta tiene como objetivo promover dos principios dentro del proceso de discusión, aprobación y ejecución del Presupuesto de Inversión Regionalizado del Gobierno Nacional. Estos dos principios son: La participación ciudadana y la transparencia en el proceso presupuestal. 

La aprobación de esta pregunta pretende crear una política nacional de audiencias públicas regionales que permitan priorizar los proyectos de inversión a nivel nacional, regional y municipal. 

Motivos de conveniencia de la pregunta 4

Fomenta la participación ciudadana.

La participación ciudadana no solo es una finalidad general del Estado colombiano, sino que también es un principio que inspira el proceso de planeación en materia económica, social y ambiental, según lo establecido en la Constitución en los artículos 2 y 40. Este planteamiento se ha visto complementado en distintas providencias de la Corte Constitucional.

Dentro de la discusión y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo tienen participación distintos sectores de la sociedad civil. Así, no tiene sentido que el proceso de elaboración y aprobación del instrumento de ejecución del plan (Presupuesto General) no se rija por principios similares.

Las audiencias públicas que propone esta consulta busca que los ciudadanos que asistan a las mismas puedan priorizar los proyectos de inversión de los programas y subprogramas que se financiarán con el presupuesto general. Al respecto la Corte Constitucional afirmó en Sentencia C-179 de 2002 lo siguiente: “La democracia participativa supone una tendencia expansiva". 

Esta característica significa que el principio democrático debe ampliarse progresivamente a nuevos ámbitos y hacerse cada vez más vigente, lo cual exige la construcción de una nueva cultura que debe paulatinamente implementarse en la sociedad política. Se trata pues de una maximización progresiva de los mecanismos que permiten el acceso al poder político, y el ejercicio y control del mismo, así como la injerencia en la toma de decisiones”.

Las audiencias públicas regionales permiten que los representantes de la sociedad civil puedan desglosar y priorizar las partidas globales por sector. De esta forma será posible priorizar los proyectos de inversión a desarrollar en la vigencia respectiva. 

De esta forma, se podría solicitar a los representantes de cada sector presupuestal correspondiente, la inclusión de ese proyecto o rubro en el componente de inversión del Presupuesto de Inversión de la Nación. 

Con estas audiencias se le da un alcance real y eficaz al derecho a la participación ciudadana, al permitir que los ciudadanos y sus representantes tengan la oportunidad, frente al gobierno de turno, de poner en consideración los proyectos de inversión que consideren pertinentes.

Facilita la transparencia presupuestal 

Las audiencias públicas promueven la transparencia al introducir un mecanismo de control ciudadano y político que permite el seguimiento a la ejecución del gasto público.

Al permitir que la ciudadanía, organizaciones sociales y las autoridades locales prioricen proyectos de inversión de manera pública, se aumentan las posibilidades de planear la inversión en función de criterios de necesidad de las regiones y no en función de objetivos políticos o económicos de particulares.

Problemáticas que se busca resolver 

La inversión del Presupuesto Nacional Regionalizado se usa como “mermelada”

Con el marco normativo actual, el Congreso tramita la aprobación del presupuesto en partidas globales. Esto impide conocer específicamente las inversiones y proyectos que se realizan en las regiones, quienes los proponen, quiénes y cómo se contratan y cómo se ejecutan.

El mecanismo actual de asignación del componente de regionalización del presupuesto permite que los recursos destinados a inversión en las regiones puedan ser asignados con fines políticos en negociaciones privadas. Ese fenómeno es conocido como “mermelada”.

Lo anterior es especialmente grave considerando la evolución reciente del monto del presupuesto de inversión regionalizado. Mientras que en el 2008 el presupuesto de inversión regionalizada que se distribuye de manera “opaca” era de 22 billones (4.6% del PIB) y las transferencias del SGP (que se distribuyen con reglas transparentes e institucionalizadas) ascendían a 19.7 billones (4.1% del PIB); en 2015 el presupuesto nacional regionalizado ascendió a 46.7 billones (5.8% del PIB) mientras que las transferencias del SGP sumaron 30.83 billones (3.8% del PIB). La brecha entre estos dos rubros ha saltado de 2 a 16 billones en menos de 10 años. Es decir, mientras que los recursos reglados del SGP crecieron el 56%, los provenientes del gobierno central en las regiones crecieron el 112%.

El mecanismo actual de asignación del Presupuesto Nacional Regionalizado va contra la eficiencia en el uso de los recursos públicos de inversión en las regiones

El mecanismo actual de asignación del componente de regionalización del Presupuesto General de la Nación no permite que haya eficiencia en el uso de los recursos públicos asignados a las regiones.

En esa medida, es frecuente que los fondos provenientes de estas partidas se destinen a proyectos que no resuelven realmente las necesidades más urgentes de las regiones.

De igual forma, hay lugar a que se permitan la adjudicación de “comisiones” entre políticos locales y congresistas y entre congresistas y Gobierno Nacional. Ello da lugar a que los fondos subyacentes a las partidas se ejecuten sin transparencia administrativa. 

La “inversión social” del esquema actual, que es otro nombre que se le da a la mermelada, sin duda tendrá un mayor impacto en el bienestar de los ciudadanos de las regiones si los proyectos que se adjudican son asignados en función de sus necesidades y bajo el lente del control ciudadano.

Una vez expedido y aprobado el monto de los programas y subprogramas de inversión, las audiencias permitirían una mayor eficiencia en el gasto dado que en estas se priorizan, desde lo local y regional, los proyectos de inversión.

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Esta ineficiencia en el gasto de recursos de inversión regional impide que se lleven a cabo proyectos que en realidad catapulten a las regiones hacia la inclusión, permitan la movilidad social y promuevan el desarrollo sostenible.

Acá los siete mandatos de la Consulta a la que se puede votar Sí o No

1. Bajar el salario a los congresistas y altos funcionarios. El punto más polémico de la consulta anticorrupción

2. Quitar los beneficios de cárcel especial a corruptos y prohibirles contratar con el Estado. ¿Cárcel para los corruptos?

3. Contratación transparente con pliegos tipo en todo el país (hoy sólo hay pliegos tipo en infraestructura). ¿Fin de la contratación a dedo?

4. Presupuestos públicos con participación ciudadana a través de audiencias públicas. ¿obligación de realizar audiencias públicas?

5. Congresistas deben rendir cuentas claras sobre su gestión, haciendo públicas sus gestiones, votaciones e iniciativas.  ¿Rendición de cuentas para los funcionarios?

6. Hacer públicas las declaraciones de renta e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio. ¿Todos conocerán las declaraciones de renta? 

7. No más atornillados en el poder: máximo 3 periodos en corporaciones públicas. ¿Dejarán de perpetuasen en el poder?

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