Paz total: presidente Gustavo Petro estaría enterado de irregularidades en política de negociación con grupos criminales

El parrandón vallenato llevado a cabo en la cárcel de Itagüí el pasado 8 de abril y en el que participaron cabecillas de bandas criminales de Medellín y Antioquia recluidos en dicho centro carcelario, destapó presuntas irregularidades en la política de paz total del presidente Gustavo Petro, sin embargo, estas habrían venido presentándose desde tiempo atrás y, al parecer, el mandatario nacional estaba enterado. 

Gobierno informado desde marzo del 2025

Un informe recibido por la Casa de Nariño en marzo de 2025 y, firmado por la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, daba a conocer diferentes fallas que la política de paz total estaba presentando y también diversos temores por la continuación adecuada de mesas de diálogo. 

El informe presentado por la cartera de Justicia daba cuenta de que el reclutamiento forzado y delitos como la extorsión estaban aumentando entre aquellos grupos delictivos acogidos en la paz total, una de las políticas bandera del gobierno de Gustavo Petro. 

Para el Ministerio de Justicia, el Comité Intersectorial para la Promoción de la Paz, encargado de definir los voceros de paz, se encontraba realizando una labor inadecuada, y la ministra Buitrago, aseguró que dicha comisión no había sido convocada desde que ella asumió la dirección de la cartera.

¿Un Comité que no sirvió?

El informe señala que no existió un rastreo de las actuaciones del Comité, que pudieran avalar que el decreto que reglamentó su creación fuese una determinación efectiva. Además, la carta enviada al ejecutivo indicaba que se había hecho una petición al presidente Gustavo Petro para reglamentar y mantener evaluación permanente de los procesos de paz con los grupos armados y determinar las obligaciones de estos, tal como lo señala la Corte Constitucional en la sentencia C 523 de 2023.

Ángela María Buitrago denunció presiones a su salida del Ministerio de Justicia e incluyó en el informe que había recibido información sobre peticiones para que se evitaran normas de control en centros carcelarios, todo esto enmarcado dentro de la política de la paz total.

Situaciones que no encajaban fueron advertidas en el informe por la ministra al presidente, señalando que, aunque la implementación de la política de paz total es competencia del presidente de la República y de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, el Ministerio de Justicia estaba en la obligación de advertir sobre asuntos que pudieran resultar problemáticos y que generaran acciones violentas contra la población.

Cuando ha pasado un año desde que se envió el informe del Ministerio de Justicia a la Casa de Nariño, la política de paz total siguió dando muestras de irregularidades, entre ellas, beneficios concedidos, presuntamente por la intervención de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, ante el INPEC, en favor de varios cabecillas de bandas criminales recluidos en cárceles.

Presidente insiste en negociar

A pesar del presunto conocimiento de Gustavo Petro sobre fallas dentro de la política de paz total, el mandatario nacional insiste en una negociación con grupos armados, y para ello ordenó la suspensión de las órdenes de captura para cabecillas del clan del Golfo, una medida que ha levantado voces de protesta desde diferentes puntos de la política nacional y que, por ahora, la Fiscalía General de la Nación, encabezada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, mantiene frenada. 

A tres meses de finalizar el mandato de Gustavo Petro, el jefe de estado insiste quiere mantener viva la política de paz total, la cual ha sido ampliamente criticada, debido a que muchos actores políticos de la oposición aseguran que ha permitido a los delincuentes continuar su accionar criminal mientras avanzan procesos de negociación.