¿Por qué la Procuraduría abrió investigación contra Rodolfo Hernández?

Una investigación preliminar contra el candidato presidencial, Rodolfo Hernández, abrió la Procuraduría General de la Nación, por presuntas irregularidades en la expedición del Decreto 0021 del 3 de marzo 2016, cuando fungía como alcalde de Bucaramanga. 

Esta norma modificó y ajustó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para algunos empleos de la Planta de Personal de la ciudad. 

De acuerdo con la entidad, la apertura de esta investigación, la cual será notificada en los próximos días a Hernández, indica que estos cambios se habrían adelantado sin un estudio previo para demostrar su justificación o sustento, por lo cual, el entonces mandatario habría incurrido en una falta disciplinaria. 

Según informó el periódico Vanguardia, en uno de los sustentos de la indagación, el Ministerio Público “buscará establecer las razones del aparente incumplimiento por parte de la Alcaldía de Bucaramanga al actualizar y modificar el manual de funciones y competencias laborales sin un estudio previo por parte de la Unidad de Personal que demostrará su necesidad”.

En ese orden de ideas, debido a que la investigación es preliminar, la defensa de Hernández podrá presentar y allegar sus pruebas y recursos, para que así la Procuraduría defina si existen o no méritos para abrirle una indagación formal, lo que podría derivar en un juicio disciplinario.

Por el momento, el exmandatario no se ha pronunciado al respecto. Lo último que ha publicado fue un collage con fotografías que se ha tomado con varios líderes políticos, en su respuesta a aquellos que lo tildan de uribista y petrista. 

Cabe recordar que, contra Rodolfo Hernández, han cursado una serie de investigaciones disciplinarias por acciones que ejecutó durante su mandato, la más recordada fue la sanción impuesta por la Procuraduría General cuando en 2018 golpeó al entonces concejal, Jhon Claro.

Este hecho se presentó, cuando, en medio de una entrevista, Claro lo cuestionó por sus malos manejos y actitud reprochable con los funcionarios. En la decisión del Ministerio Público, se ordenó que Hernández estuviera fuera del cargo por ocho meses. 

Asimismo, en 2019, Hernández también fue sancionado por sus comentarios ofensivos e irrespetuosos en contra de un funcionario de su administración.

Además, en ese mismo año, la Procuraduría General lo llamó a juicio disciplinario por presuntamente ejercer una presión indebida para beneficiar con contratos a la empresa Vitalogic RSU.

De acuerdo con el órgano de control, Hernández habría buscado la forma de direccionar el proceso de licitación para celebrar un acuerdo que tenía como finalidad una asesoría legal para la selección del tratamiento, transformación y disposición de las basuras en el área metropolitana de la capital de Santander.

Por estos mismos hechos, enfrenta un proceso penal por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.