Primer proyecto de la paz total de Petro será presentado a la Cámara de Representantes

La propuesta de paz total del Gobierno nacional presidido por Gustavo Petro tendrá el martes a las 10 de la mañana la presentación de su primer proyecto a cargo del ministro del Interior Alfonso Prada en la Cámara de Representantes.

La prórroga a la ley 418 de 1997, conocida como la Ley de Orden Público, cuya vigencia es de 4 años, además de brindar herramientas para garantizar el orden público sirve para adelantar procesos de paz.

Esta ley fue una herramienta usada por los gobiernos de Juan Manuel Santos Calderón para entablar los diálogos de paz con las Farc y por Iván Duque Márquez en los fallidos diálogos con el ELN de 2019 que se dieron por terminados con el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Santander en Bogotá.

El Gobierno de Gustavo Petro pretende que esta norma pueda ser nuevamente usada para dialogar con el ELN, grupo guerrillero con el que ya adelantó primeros pasos para una eventual negociación, pero también con grupos delictivos como el clan del golfo.

El documento que se radicará tiene como nombre “Proyecto de ley, por medio del cual se define la política de paz del Estado, y se dictan otras disposiciones”, fue revelado por CM& y está compuesto de 19 artículos y basará su enfoque en la Seguridad Humana, un concepto de Gustavo Petro que suena con más frecuencia desde el 7 de agosto pasado.

Iván Cepeda, senador de la República por el Pacto Histórico y quien es designado por el Gobierno como uno de los funcionarios con mayor relevancia en todo lo relacionado con la paz es el gestor de esta iniciativa que quiere cimentar diálogos con diferentes grupos armados ilegales.

Esta iniciativa tiene como base establecer que las políticas de paz sean prioritarias dentro de las políticas de Estado, así como garantizar que procesos de paz se puedan mantener en administraciones presidenciales posteriores.

Dentro de la iniciativa se destaca la creación de la figura del miembro-representante, que son las personas designadas por los diferentes grupos para negociar y sobre los que el presidente de la República tendrá la potestad de suspender sus órdenes de captura.

La iniciativa podría fin al servicio militar obligatorio y se determinaría un servicio social para la paz, además se crearán zonas de ubicación temporal donde todos los miembros de una organización armada tendrán las mismas salvaguardas, pero a diferencia de la anterior negociación con las Farc, eventualmente los miembros de grupos ilegales podrían estar en zonas con presencia de sociedad civil.