La Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años al excanciller Álvaro Leyva Durán

En el marco de la investigación disciplinaria contra Leyva Durán, exministro de Relaciones Exteriores, en fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 10 años al exfuncionario.

Según la determinación de la entidad, las pruebas analizadas fueron suficientes para encontrar probado que Leyva desconoció los principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes.

“La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento adujo que la decisión que en su momento tomó el excanciller no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, y que la misma carecía de fundamento legal”, detalla la entidad.

En el comunicado, el Ministerio Público encontró que la determinación adoptada por el exministro se basó en el hecho de que al proceso había concurrido un único oferente, Thomas Greg & Sons, lo cual no lo habilitaba para declarar desierta la licitación pública, dado que la empresa habría cumplido con todos los requisitos definidos por la entidad en los pliegos de condiciones.

En ese sentido, el ente de control confirmó que Leyva Durán incurrió en falta gravísima a título de dolo al desconocer con su actuación los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal.

Por otro lado, la Procuraduría absolvió a Leyva por haber declarado la urgencia manifiesta con ocasión de la fallida licitación pública para celebrar el contrato mediante la modalidad de contratación directa, y resaltó que este fallo puede ser apelado ante el despacho de la Procuradora General de la Nación.

Leyva Durán, además de ser uno de los colaboradores más cercanos y experimentados de Petro en política exterior, es el primer exfuncionario de su Gobierno en recibir una sanción de tal magnitud. Por su parte, la defensa del excanciller anunció que apelará la decisión y advirtió presuntas irregularidades en la sanción.

“Esta es la primera vez que la Procuraduría sanciona a un Ministro de Estado por no adjudicar una licitación que estaba claramente direccionada (...) en este proceso se ha cuestionado la actuación de un servidor público que, en ejercicio de sus funciones, evitó la adjudicación de un contrato cuyos riesgos de condiciones habían sido confeccionados de manera tal que una única empresa pudiera satisfacer los requisitos establecidos, la misma que ha ostentado la calidad de contratista durante los últimos años”, alegó el defensor.